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“Empresas y gobierno: mala imagen”

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Mediante cambios normativos se puede incentivar a las empresas a implementar políticas de integridad y establecer exigencias obligatorias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades.

¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en “empresas”? ¿Y cuándo piensas en “gobierno”? Con estas preguntas se inicia una encuesta de percepción corporativa en la que participaron 25.000 personas, tanto público general como ejecutivos, de todas las regiones del mundo (Corporate Perception Indicator, 2014). En el caso de los gobiernos la respuesta fue corrupción, y en el de las empresas, lucro y codicia.

Hoy las empresas cumplen un rol esencial –a veces incluso reemplazando a los gobiernos- en materia de salud, vivienda, alimentación, cambio climático, tecnología, etc. En consecuencia, los casos de corrupción y malas prácticas redundan en externalidades negativas no solo para la empresa, sino que para la sociedad en su conjunto, al afectar con ello la confianza en las instituciones, la democracia y el mercado, impactando al medio ambiente o vulnerando los derechos humanos. Sea por error, negligencia o dolo muchas empresas han sido incapaces de compatibilizar sus ganancias con sistemas de integridad eficientes y eficaces, lo que en los casos más graves las ha llevado a incurrir en actos propiamente criminales.

Hoy existen múltiples herramientas para abordar el desafío de la mala conducta corporativa, los que instan a desarrollar un trabajo interno dentro de la empresa, que va mucho más allá del compliance. Considerando que en la mayoría de los casos las infracciones se cometen con participación o conocimiento de la alta administración, es urgente un cambio de cultura de los gobiernos corporativos. Éstos deben monitorear activamente los programas de cumplimiento, capacitarse y ejercer un liderazgo basado en valores, que permita prevenir y detectar posibles infracciones e irregularidades y remediarlas en caso de que ocurran.

Los gobiernos también deben asumir responsabilidades en esta materia. Así, mediante cambios normativos se puede incentivar a las empresas a implementar políticas de integridad y establecer exigencias obligatorias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades. Otra medida necesaria es la implementación de políticas para dar cumplimiento a compromisos internacionales que impulsan una agenda de probidad y transparencia, respeto a los derechos humanos y desarrollo sostenible por parte de las empresas, como los Principios sobre empresas y derechos humanos (ONU), las Líneas Directrices de la OCDE para empresas transnacionales, la Agenda 2030, etc. Finalmente, es positivo que Chile adhiera a iniciativas de monitoreo tales como la Asociación de Gobierno Abierto, del que somos parte, o la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) –estándar global para promover la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros- respecto del cual Chile se ha mostrado reacio a participar.

¿Qué se me viene a la mente cuando pienso en empresas? Oportunidad. Chile se ha enfrentado como pocos países a los casos de corrupción que han afectado por igual al sector público y privado, en reciente foro organizado por Espacio Público fueron importantes representantes del sector minero quienes dieron su apoyo a iniciativas como EITI (sin perjuicio de que éste no resuelve todos los problemas de transparencia en dicho sector), y se encuentra en curso la elaboración de un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Así, Chile comienza a dar importantes pasos en la dirección correcta para recuperar la confianza perdida y cambiar la cultura empresarial.

 

 

Camila Palacios

Abogada Área de Incidencia ONG «Espacio Publico»