Efraín Alegre dice estar comprometido con los padres del joven Rodrigo Quintana, muerto durante el ataque policial del pasado 1 de abril al edificio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de llegar hasta la verdad y demostrar quién o quiénes dieron la orden para ese atropello con derivación fatal. Un ataque producido en medio de las protestas contra la aprobación por el Senado del proyecto de enmienda para la reelección presidencial, impulsado por el propio presidente Horacio Cartes y sus aliados de la oposición. Entre ellos, varios liberales. «El objetivo era responsabilizarnos de esas manifestaciones y de la quema de parte del Congreso, pero no les salió la jugada», dice Alegre para quien es indiscutible que José Ortiz, gerente de la empresa tabacalera de Cartes (Tabesa) tuvo directa participación, junto con Luis Fernando Canillas.
–¿En qué momento comenzaron a sospechar que el atraco al local del PLRA se dio siguiendo órdenes provenientes del primer anillo en la sombra del presidente Cartes?
–La verdad que desde un primer momento concluimos que algo así no podía ejecutarse sin una orden superior. Es imposible que se atropelle al principal partido de oposición por voluntad de 3 o 4 oficiales. Un policía de carrera nunca se va a animar a atropellar un local partidario, de madrugada y sin orden judicial. Es impensable. Me lo dijeron varios policías de alto rango. Lo sucedido fue organizado, premeditado. Las imágenes demostraron claramente que la policía tenía la orden de atropellar.
Realmente fue sorprendente cómo pasaron las cosas. Era impensable que algo así pudiera ocurrir, puesto que ni en la dictadura se entraba a balazos a la sede de un partido de oposición. Si a mí me preguntaban unos días antes, yo habría dicho que eso jamás podría acontecer en Paraguay.
–¿A esta altura de los acontecimientos ya no les caben dudas de que esa orden superior tiene un responsable?
–Desde hace 4 meses insistimos a la Fiscalía sobre el cruce de llamadas porque además de las imágenes captadas, nosotros habíamos recibido la información de que José Ortiz participó de ese atropello, por parte de varias personas que nos arrimaron denuncias y testimonios, entre ellos, altos oficiales de la Policía a los que molesta mucho la actuación de Ortiz como ministro del Interior, cuando en realidad este cargo está legalmente asignado a otra persona. Cuando inicialmente dije esto, desde el Gobierno dijeron que mi denuncia era infundada. Yo me tuve que aguantar, porque no podía exponer a los policías que me informaron sobre lo que está ocurriendo. Pero tenía la seguridad y por eso insistimos reiteradas veces en el cruce de llamadas. Yo creo que la Fiscalía procesó la información que hace 4 meses tiene y las guardó, para ocultar la presencia de oficiales superiores y autoridades en el ataque al Partido.
–¿Qué piensan ustedes que buscaban con ese ataque a la sede de su partido en Asunción la madrugada del 1 de abril, tras los disturbios contra la reelección?
–Cada día estoy más convencido que desde el Gobierno y con Ortiz al frente quisieron montar una historia, y no les salió la jugada. Parte de esa historia pretendía instalar que mis partidarios y yo fuimos a atropellar a la policía, y luego a incendiar el Congreso. Pero como fuimos desmontando todo eso en el curso de las horas, el plan de ellos fue ir al Partido, tomarme preso y exponerme como el que desde el PLRA había orquestado la manifestación del 31 de marzo.
Lo que uno puede deducir de la actuación policial es que la orden era de actuar con violencia. Había una orden de disparar, no es casualidad la forma en que nos dispararon. Lo hicieron desde un metro o un metro y poco más. Como al diputado Édgar Acosta, con un centímetro más arriba o más abajo del disparo que recibió, no habría contado la historia.
Cuando llegan al Partido lo hacen disparando y con balas de plomo. Tal vez se propasaron, pero la orden era esa: entrar con agresividad.
Fue un operativo preparado y lo demuestra el oficial Arnaldo Báez cuando llega e ingresa al PLRA sin preguntar y a la fuerza.
–¿Fue una torpeza más de este grupo que rodea al presidente Cartes?
–En realidad fue la prepotencia de la impunidad. Cuando hay tanto poder y uno cree que puede hacer todo y nunca nadie se animará a reclamarle nada. Ejemplo de ello son las llamadas telefónicas entre Ortiz, Canillas y varios otros con el entonces comandante de la Policía. Uno dice: cómo pueden ser tan torpes en llamar tantas veces al comandante de la Policía. Ese nivel de confianza se da solo cuando uno se considera impune garantizado. Es la prepotencia de un grupo que se considera dueño del Paraguay.
A mí me demandó José Ortiz, aún sabiendo que estaban pendientes los cruces de llamadas, y su abogado negó que este es asesor del presidente Cartes, y que haya realizado aquellas llamadas.
Inicialmente negó ser asesor, porque en una demanda por difamación y calumnia sus condiciones son diferentes, porque como tal tiene obligaciones y tiene que rendir cuentas. Ahora que se demuestra que contactó reiteradas veces esa noche y madrugada con el comandante de la policía, sin pertenecer al Gabinete presidencial, incluso minutos antes de producirse el atraco al PLRA, dice que es ministro asesor.
–¿La muerte de Rodrigo Quintana fue algo que se les fue de las manos?
–La muerte de Rodrigo Quintana es lo que no pueden levantar. Un joven lleno de vida, brillante, 25 años, ingeniero agrónomo recibido, a punto de defender su tesis, presidente de los jóvenes liberales.
–¿Ortiz actúa bajo órdenes directas de Cartes o tiene autonomía para tomar decisiones?
–Él es el ministro del Interior. Su presencia en el escenario público pone al mismo tiempo a Cartes en conocimiento de los hechos. Es empleado de la tabacalera de Cartes, pero en el esquema de loteamiento del Estado adoptado por el presidente, a José Ortiz se le encarga el Ministerio del Interior.
–¿Qué impacto genera en la administración del Estado la existencia de un gabinete paralelo?
–Es un hecho gravísimo. La prueba es lo que pasa con José Ortiz. Este, cuando se le requiere responsabilidad, se desentiende, y el responsable es el ministro designado, no los «monjes» que operan desde atrás. Estos ¿son o no son parte del Gobierno? Ellos actúan en función de Estado, pero no asumen responsabilidades y no rinden cuenta de sus actos.
–¿Pudieron haberse dado más muertes el 1 de abril?
–Claro que sí. La desgracia le tocó a Rodrigo. Pero entre quienes se hallaban en la sede del Partido esa madrugada, muchos otros pudieron haber recibido una bala. Por ejemplo, a pasos de Rodrigo estuvo el intendente de Isla Pucú. La actuación policial fue criminal.
–¿Se conocerá la verdad alguna vez?
–Vamos a saber de ella. Nosotros asumimos el compromiso. No vamos a negociar por conveniencia electoral u otros el esclarecimiento de la muerte de Rodrigo Quintana y la identificación fehaciente de todos los responsables de su muerte.
–¿Alguien del Gobierno llamó a expresar sus condolencias a la familia de Rodrigo Quintana y al Partido?
–Nadie, nadie. Ni al Partido ni a la familia.
