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Argumento liberal para intervenir la educación escolar privada

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Por Davor Mimica

Han sido noticia las crecientes e incluso denigrantes preguntas y exigencias que colegios privados hacen a padres para que sus niños puedan entrar a estudiar en ellos (La Segunda). Parroquias de asistencia, tamaño de la cuenta corriente, colegios de los padres, empresa y cargo donde trabajan, hasta ¡fotos familiares!, todo como parte de procesos opacos, con mecanismos de decisión desconocidos y donde los padres quedan a merced de cualquier arbitraria razón que los dueños de colegios esgriman para aceptarlos o rechazarlos. Algunas de tales cosas ya son ilegales en la búsqueda de trabajo y muchas son desde mal vistas, incluso inaceptables en un país desarrollado. Pero esto no es sólo incivilizado sino, argumentaré, también profundamente dañino en perspectivas educativas, de mercado y de derechos.

En esta columna exploraré tres dimensiones de razones que justifican -cada una por sí sola-, la necesidad de intervenir los procesos de selección de los colegios privados, incluso sacándolos completamente de sus manos. Todo esto, asumiendo y desafiando lo contra-intuitivo de la idea de que lo liberal, en este caso, es intervenir la educación privada.

Antes, hay que sostener la legitimidad de la intervención en sí. Si es un acuerdo entre privados, ¿por qué el Estado debiera intervenir? Estamos rodeados de ejemplos que justifican la intervención en algunos casos donde la interacción entre los privados genera resultados ineficientes, dañinos o mejorables. La licitación de cartera en las AFP o la portabilidad numérica en la telefonía celular son excelentes y recientes ejemplos sobre cómo se pueden hacer mercados más competitivos, más eficientes y más justos con regulaciones correctas. En ambos casos y muchos otros, fue legítimo, moral y necesario intervenir. En esto, el mercado educativo no debiera ser especial. Entonces: ¿El mercado de la educación privada requiere nuevas regulaciones para hacerlo mejor? Exploremos.

La primera dimensión es de eficiencia de mercado y resultados educativos.

Es evidente que uno de los mayores intereses de los colegios es poder mostrar resultados a sus apoderados y eventuales apoderados. Esto en términos generales se puede lograr mediante dos caminos: mejorar la educación que proveen y mejorar la selección al acceso. El mercado educativo funcional, aquel cuya eficiencia es entendida como “más y mejor educación”, es el que privilegia el primer camino. El mercado educativo chileno, en cambio, parece privilegiar el segundo. Al hacer más y más exigente la entrada a cada colegio, el establecimiento logra mejorar el capital social de los estudiantes. Eso se logra aumentando los cobros, seleccionando según educación de los padres, etc. Todos muy buenos predictores del capital social del estudiante. Esto es, del conocimiento y las capacidades con las que cada niño llega al colegio o la facilidad que tendrá para obtener más conocimiento y acrecentar capacidades, facilitado por la ayuda que le puedan prestar desde el hogar. En pocas palabras, seleccionar “mejor” permite incrementar resultados sin mejorar educación. Desde la perspectiva de los colegios, es más fácil, más barato y más rápido incrementar resultados educativos mejorando procesos de selección que mejorando procesos educativos.

Descremar activamente a los postulantes genera un círculo tan virtuoso para los colegios como vicioso para los padres: Dado el incentivo a la discriminación creciente, los colegios que mejoran puntajes a través de la selección, aumentan sus argumentos para ser atractivos a los padres, quienes aumentan la sobredemanda para entrar a los “mejores colegios”, lo que a su vez le entrega a los establecimientos el poder para discriminar más y sin límites: se suben precios, se aumentan las exigencias y estas se vuelven crecientemente más impresentables. Todo lo anterior, sin mejorar en nada la calidad educativa y no entregar ninguna presión de mercado que impulse esa mejora. Lo eficiente y deseable, entonces, ¿es un mercado que maximiza su capacidad de selección o uno que maximiza su calidad de educación?.

La calidad educativa medida por pruebas estandarizadas internacionales de los colegios privados es deficiente. El único colegio en Chile que tiene un mayor puntaje PISA que la media de los colegios de Finlandia es el Instituto Nacional, lo que se da sólo por ser el mayor seleccionador de Chile. El 9% más rico de Chile va a colegios particulares privados y vive mucho mejor que el promedio de Finlandia. Pero ningún colegio de ese 9% más rico de Chile llega a la media de calidad finlandesa de educación. Ni siquiera uno.

La educación privada en Chile es deficiente en términos educativos y excesivamente cara en términos comparados. Ciertamente no se está pagando por educación, sino por otras cosas: exclusividad, acceso, segregación y protección. El tema aquí no es quitarle a los padres su inalienable derecho de escoger colegios donde se cobra más de lo que se enseña o donde se enseña menos de lo que se cobra, sino remover los incentivos del sistema que hacen a todos los establecimientos privados ser más caros que lo eficiente y que eduquen peor que lo que se debiera esperar de ellos. El mercado educativo reúne hoy todas las características de estar muy alejado de sus niveles óptimos competitivos. Tenemos las herramientas y las razones para intervenir, tal como lo hemos demostrado en muchas otras industrias. Nos falta la voluntad.

La segunda dimensión es de fondo: Cuando hablamos de libertad de elección, ¿nos referimos a la libertad de los colegios para escoger a los padres, o a la libertad de los padres para escoger el colegio de sus hijos?

Esta distinción es muy relevante, puesto que a partir de ella debiera definirse quién tiene el poder en la decisión final sobre quién estudia dónde. Obviamente, depende del punto de vista. Incluso en el caso de colegios de índole religioso: ¿Debiera un colegio tener la facultad de impedir la entrada a quienes no consideren de una línea suficientemente similar? Depende de dónde asignemos el poder de decisión. Si está en los colegios, por cierto que tienen esa facultad. Si está en los padres, deben ser ellos quienes decidan, a partir de la información que el mismo colegio les presta con respecto a su identidad y la educación que entregan, si desean o no que sus hijos entren en el establecimiento. Puede ser duro el concepto, pero el ámbito de decisión legítimo de un padre sobre la educación de sus hijos no puede extenderse hasta violentar el espacio de decisión de otro padre con respecto a sus propios hijos. Es válido que establecimientos e incluso padres definan un proyecto educativo, pero no que con ese pretexto rechacen a personas que deseen legítimamente participar de ese proyecto.

Lamentablemente, por mucho tiempo en Chile se ha igualado en términos de discurso la libertad de educación a la libertad de la provisión de educación: el emprendimiento. Mientras, en todo el resto del mundo el verdadero significado de libertad de educación se refiere al poder de los padres de tomar decisiones. Esto, obviamente, implica tener altos grados de libertad de emprendimiento para poder proveer las ofertas educativas que los padres escojan, pero sin que esa libertad de emprendimiento supedite la libertad de decisión de los padres, como la falsa normalidad que hoy ocurre en Chile y de la que nos han convencido por años.

En nuestro país ha sido generalmente la derecha la que se ha llenado la boca con velar por la libertad de la educación. Pero en vez de defender los derechos de los padres, ha defendido consistentemente los derechos de los dueños de colegios. La distinción entre ser pro colegio (pro empresa) o ser pro padre (pro mercado), debe generarse en la discusión pública y devolver el concepto de la libertad de educación a quienes de verdad están dispuestos a impulsarla.

La tercera dimensión es de derechos y se refiere a la facultad que tiene un negocio o servicio a rechazar a un eventual cliente por razones arbitrarias o socialmente inaceptables.

Tal como el rechazo del Registro Civil a casar a una pareja sólo por ser del mismo sexo no es sólo problema de la pareja, tal como la aplicación discriminatoria de la ley antiterrorista en forma exclusiva a una minoría racial no es sólo problema de esa minoría racial, o que un negocio expulse a una mujer por besar a otra no es sólo problema de esa pareja, o que una comunidad expulse a una persona por su nacionalidad no es sólo problema de esa nacionalidad, el rechazo de colegios particulares a niños por razones arbitrarias no debiera ser problema sólo de las familias rechazadas, sino de todos nosotros ya que nos hace a todos menos libres, más vulnerables y menos dignos.

Es necesario que existan colegios privados que generen sus propios procesos y que también cobren lo que deseen para acceder a ellos. Esto es parte indivisible de la libertad de educación. Pero existen razones válidas para filtrar (si puede pagar o no) y otras que deben ser impedidas de ser ejercidas en los procesos internos de los colegios.

La pregunta aquí, entonces, es si podemos confiar en los colegios para no utilizar razones inaceptables. Lo grave es que ni siquiera podremos saberlo: como actores privados hoy defienden la opacidad de sus procesos. Sólo conocemos lo que piden como información y el resultado final de sus decisiones. También sabemos, por las razones explicadas anteriormente, que la información pedida es cada vez más extensiva y cada vez más atrevida: ¿Para qué podrían requerir una fotografía familiar, sino para hacer un análisis racial de sus miembros? Eso, por cierto, es inaceptable para una nación civilizada. Como país ya comenzamos a avanzar en la dirección correcta al aprobar la Ley Antidiscriminación, pero este es uno de los casos donde falta mucho por recorrer.

Incluso si los colegios transparentaran sus protocolos y procesos, ¿podemos confiar en que cumplirán lo que transparenten? Lo claro es que sin modificaciones, tienen todo el incentivo para no hacerlo. La experiencia y tendencia actual nos muestran que no debieran contar con nuestra confianza para hacer ese proceso a puertas cerradas. A decidir, entonces, queda si el proceso de selección está en mejores manos con los colegios o simplemente debemos sacárselo, siendo entregados a organismos independientes, transparentes y que no cuenten con los incentivos negativos de los colegios, que les permita realizar una labor más civilizada.

Por las tres familias de dimensiones expuestas es que estoy convencido que lo liberal en la educación privada implica arrancar de los colegios la labor de selección de sus estudiantes, dejándolo en manos de instituciones independientes.

Los colegios han llevado a la educación privada a ser poco competitiva y eficiente, a entregar una educación de cuestionable calidad, a privar a los padres de su libertad de elección y a violentar en forma creciente los derechos de personas que debieran ser iguales en dignidad. No debiera haber ninguna razón para que un colegio, teniendo vacantes, rechace a una persona que desee estudiar en él. Y si hay más demanda que oferta, los colegios no debieran seguir siendo confiados en tomar la decisión de quién entra y quién no. Ya sea mediante criterios aceptables para todos o simplemente a través de sorteos que igualen las posibilidades de todos quienes deseen ejercer su derecho y libertad de educación.

Asumo que es diferente intervenir procesos de selección de colegios financiados por la subvención que pagamos todos los chilenos a intervenir colegios que son puramente privados. Pero entiendo que las razones están para hacerlo de todas formas. De sobra.

Nada de esto será fácil. Los colegios particulares y el acceso a ellos tienen un rol fundamental en la definición, identidad y perpetuación de las élites tradicionales en Chile. Su intervención podría ser para muchos tanto o más violenta que la Reforma Agraria. Pero por esta misma razón se hace tan relevante como urgente, desde una perspectiva de movilidad social, justicia intergeneracional y legitimación del modelo (o cualquier modelo) en Chile: Los procesos de selección a los colegios particulares son las puertas de entrada -y salida- a la élite. La pregunta final, es si corresponde que las llaves de esa puerta estén en las manos de la misma élite, como afirmarían los promotores del privilegio, de la mano de burócratas, como afirmarían los promotores del Estado, o que lancemos de una vez esas llaves al mar y dejemos las puertas abiertas de par en par, como lo afirmarían los promotores de una sociedad libre y de oportunidades para todos.

Fuente: http://davormimica.cl/argumento-liberal-para-intervenir-la-educacion-escolar-privada/