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Piden destituir a Ortega por incapacidad y acusan a un académico por crisis

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Managua, 5 jun (EFE).- El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza política en la Asamblea Nacional (parlamento), exigió hoy la destitución del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, por «incapacidad total permanente» para ejercer sus cargos.

Los diputados de ese colectivo pidieron la dimisión de Ortega y Murillo bajo la ley de aprobación de la Declaración de Incapacidad Total Permanente para ejercer los cargos de presidente y vicepresidenta de la República de Nicaragua, en el marco de una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 127 muertos y más de un millar de heridos.

La solicitud está basada en los «hechos de muerte, ciudadanos desaparecidos, torturados, perseguidos, represión, impunidad, incertidumbre, delincuencia generalizada, saqueos, irrespeto a la propiedad privada, desolación, violencia, caos, irrespeto a los derechos humanos y constitucionales en todas sus formas», según la petición.

La Asamblea Nacional de Nicaragua es dominada por el oficialismo y para que pueda prosperar esa propuesta se requiere de los votos de dos tercios de los diputados, es decir, 62 de un total de 92.

El oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuenta con una mayoría de 64 diputados.

El PLC es el partido del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), quien siendo gobernante pactó con Ortega unas reformas de ley que, entre otros, bajó el techo para ganar unas elecciones presidenciales en primera vuelta de 45 a 35 por ciento y se repartieron los cargos de las instituciones del Estado.

Por su lado, la Policía Nacional acusó hoy al académico Félix Maradiaga de organizar bandas delincuenciales para alterar la paz en Nicaragua desde el pasado 18 de abril.

«Hemos logrado establecer la existencia de estructuras delincuenciales organizadas por el sujeto conocido como Félix Maradiaga en conjunto con la agrupación delincuencial ‘Viper’, dedicada al crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, asesinato y otros delitos conexos», afirmó el jefe de Auxilio Judicial de la Policía, Luis Alberto Pérez Olivas.

Según el jefe policial, esa estructura incluye «la contratación de sicarios para la ejecución de asesinatos, tráfico de drogas, armas y municiones, así como terrorismo mediático» y operaba en el sector de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), en Managua, que se mantiene tomada por un grupo de estudiantes que protestan contra el Ejecutivo.

Maradiaga, director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), un centro de investigación creado en 2004 y con estudios de posgrado y maestría en las universidades de Harvard y Yale (EE.UU.), escribió hace tres días que «de buenas fuentes sabemos ya el juicio fabricado que están armando contra mí».

Maradiaga se encuentra en Washington con una representación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos.

La Policía vincula al académico y a esa banda con un mexicano de nombre Javier Carrillo, quien, según las investigaciones, «propuso que les facilitaría armas de fuego, municiones y a cambio de eso», él obtendría «algunos beneficios para la actividad delincuencial que estaba referida al tráfico de drogas y armas de fuego».

Durante la jornada de este martes, tuvo lugar un enfrentamiento violento en la ciudad colonial de Granada que se cobró la vida de un adolescente.

El menor de edad falleció de un disparo en el tórax, el mismo patrón utilizado por la Policía Nacional para «ajusticiar» a los manifestantes, dijo una portavoz de los «autoconvocados» de Granada, ciudad ubicada a 45 kilómetros al sureste de Managua.

También tres estudiantes universitarios que se oponen al Gobierno denunciaron que fueron secuestrados, torturados y abusados sexualmente, antes de ser abandonados en una laguna por policías.

Mientras tanto, la vicepresidenta Rosario Murillo volvió hoy a abogar por el diálogo y la paz como soluciones a la crisis.

«Todos queremos lo mejor para el país, la paz, la tranquilidad, y las condiciones indispensables para que dialoguemos, nos escuchemos y sepamos encontrar las repuestas a la situación y al clamor de todos», indicó.

Desde el 18 de abril Nicaragua vive su crisis más sangrienta desde los años 80 con 127 muertos y más de un millar de heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las protestas contra Ortega y Murillo comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se han convertido en una reclamación donde se pide la renuncia del presidente, después de 11 años en el poder, entre acusaciones por parte de los manifestantes de abuso de poder y corrupción. EFE

 

Fuente: La Vanguardia