El presidente Rafael Correa ha dominado la vida política de Ecuador durante los últimos diez años. No obstante, luego de tres mandatos e imposibilitado de presentarse a una nueva reelección, decidió nombrar a su delfín y ex vicepresidente, Lenin Moreno, como candidato a la continuidad de su legado. A pesar de que Correa fue reelegido en 2013 con el 57% de los votos, el nuevo candidato no pudo hacerse con la victoria en la primera vuelta -obtuvo menos del 40%- y forzó al partido gobernante, Alianza PAIS, a un balotaje que se resolverá el próximo 2 de abril.
¿Cuáles fueron las razones para este resultado?
Aun cuando, de uno u otro modo, el 60% de quienes ejercieron el voto no lo hicieron por la continuidad, el de Correa fue un gobierno que gozó de buena aceptación[1]. Esta aprobación se construyó alrededor de una estrategia paternalista y clientelar -basada en priorizar sueldos, subsidios e inversión- que disparó el gasto público. Entre 2007 y 2013, el gobierno gastó 145,205.1 millones de dólares, casi cinco veces más que en los siete años previos, de acuerdo al Banco Central[2]. Se crearon más de veinte ministerios y secretarías que, sumados a las instituciones existentes, mantienen a una colosal fuerza laboral de más de 500,000 servidores públicos, lo que triplicó el gasto en sueldos comparado con el gobierno anterior[3]. Además, el gasto para el subsidio a la pobreza[4] que el gobierno entrega como transferencia monetaria, pasó de 192 millones de dólares en 2006 a 651 millones de dólares en 2015 y cubre al 32.6% de la población, de acuerdo con la CEPAL. Sumado a eso, durante el boom de los precios del petróleo, el gobierno de Correa invirtió agresivamente en infraestructura vial, escolar y hospitalaria, lo que generó gran apoyo popular. A pesar de lo anterior, en los últimos dos años la credibilidad de Correa se desplomó, llegando incluso al 25%, ¿por qué?
El primer error de Correa fue crear un Estado todopoderoso. En menos de 5 años, el correísmo tomó control efectivo de los tres poderes del Estado. En 2011, con una mayoría absoluta en el Congreso, Correa convocó y ganó una consulta popular que le permitió reestructurar la función judicial a su antojo, cambiando a todos los jueces de la Corte Suprema. Con las cortes bajo su control, las nuevas leyes sirvieron para perseguir a detractores políticos. Solamente la Ley de Comunicación que, entre otras disposiciones, permite al gobierno establecer la información que aparece en los medios y cómo se publica, ha sido responsable, desde su aprobación en 2013, de que se inicien 896 procesos administrativos y se recauden 630,000 dólares por concepto de sanciones. Entre los casos más sonados, el diario El Universo fue condenado por “delito de injuria calumniosa”, con prisión para sus directivos y pago de una indemnización de 40 millones de dólares al presidente. El diario había publicado un artículo de opinión en el que acusaba a Correa de dar la orden de disparar a un hospital lleno de civiles tras los hechos ocurridos en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. (Correa luego perdonó al periódico[5]).
Otras polémicas leyes aprobadas por el gobierno de Correa incluyen la Ley para Evitar la Especulación de la Tierra, que crea un impuesto del 75% a la ganancia extra que genere la segunda venta de inmuebles o la Ley de Educación Superior que controla a las universidades por medio de una agencia dependiente del Poder Ejecutivo, generando un control político de facto en el sistema universitario. Por otro lado, varias medidas impuestas por el gobierno, tales como sobretasas arancelarias de hasta el 45% sobre productos importados llamadas ‘salvaguardias’; el impuesto del 5% a la salida de divisas del país o el aumento del IVA del 12% al 14%, han intensificado el malestar del electorado con respecto a un estado omnipresente.
El control de Correa lo ha llevado a enajenar incluso a cercanos aliados políticos como los movimientos indígenas y de izquierda, quienes lo ayudaron a llegar al poder en 2006. Al no necesitar ya de su apoyo político, Correa persiguió a dirigentes y sacó adelante iniciativas que contradicen la plataforma socialista que utilizó para ser elegido, tales como la firma de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea o la explotación petrolera del parque nacional Yasuní.
El segundo lastre del largo mandato de Correa es la corrupción generalizada de un gobierno sin contrapesos, transparencia ni rendición de cuentas. Si bien es cierto que Correa hizo esfuerzos por transparentar la administración pública al inicio de su gestión -creando un portal de compras públicas, mejorando procesos en instituciones cuestionadas y triplicando la recaudación tributaria -, los últimos 2 años estuvieron plagados de casos de corrupción. El caso más sonado fue quizás el escándalo asociado a la petrolera estatal Petroecuador, que implicó al ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, un hombre de confianza de Correa, y a docenas de funcionarios de la estatal petrolera, incluido el exgerente general Álex Bravo. Pareja huyó del país y se mantiene prófugo. A renglón seguido, dentro de la demanda internacional que lleva a cabo el Departamento de Estado de EUA, se conoció que la firma brasileña Odebrecht, habría entregado sobornos por 33.5 millones de dólares a varios funcionarios del gobierno ecuatoriano entre 2007 y 2016. Los escándalos dieron un giro inesperado cuando Pareja arremetió -desde la clandestinidad- contra el vicepresidente Jorge Glas (quien en estas elecciones busca la reelección como vicepresidente) acusándolo de complicidad en la corrupción de Petroecuador. Esto ha sido un duro golpe a la ya de por sí mermada confianza en el gobierno de Correa.
El legado de Correa se jugará en las urnas en un balotaje que por primera vez en diez años no tendrá su nombre en la papeleta. La oportunidad para las frágiles instituciones democráticas ecuatorianas radicará en aprender de los errores de Correa al tiempo que aprenden a vivir sin él.
