Un conflicto político, cultural y de ribetes étnicos no se ahoga con represión, camino impresentable en democracia e inconducente en cualquier otro tipo de régimen.
“Como Chile es un Estado de carácter presidencialista, una opción es que el Gobierno nombre a un Interventor especial conforme a la problemática de este particular conflicto, único en el país. El propio Senado debe respaldar tal decisión, para que sobreviva a los cambios de los gobiernos. Puede ser seleccionado de forma parecida al Fiscal Nacional. Este Interventor debe dar garantías a todas las partes de que su actuación será en pos de la búsqueda de soluciones factibles”.
Lo anterior no fue dicho por un candidato presidencial. Tampoco por un parlamentario sureño. Mucho menos por una alta autoridad de gobierno. Son palabras del oficial en retiro de Carabineros, Jorge Aguirre Hrepic, ex comisario de Nueva Imperial y miembro de las Fuerzas Especiales en Temuco, hoy consultor en seguridad. Su mirada, política y estratégica, sorprende tratándose de alguien cuya misión, mientras fue uniformado, trató más bien de repartir lumazos y no precisamente grandes ideas.
Si hasta un excomisario es capaz de analizar correctamente lo que sucede y proponer un audaz abordaje político, ¿qué impide a parlamentarios y autoridades hacer lo mismo? Lo responde el propio Aguirre en entrevista con Cambio 21. “Se visualiza falta de interés, como si solo fuera local y no se sospecha de las consecuencias que pudiera tener si determinados actores deciden accionar de forma aún más radical, como ha ocurrido en otros países, generando conflictos que luego a los estados y a la propia Naciones Unidas les ha costado años controlar”.
Lo dicho por Aguirre no es nuevo. La responsabilidad del Estado en el agravamiento del conflicto fue subrayada hace días por la propia ONU. El bochorno lo vivió la Presidenta Bachelet de visita en Ginebra. Hasta allí arribó buscando apoyos para que Chile pueda integrar el Consejo de Derechos Humanos del organismo. La respuesta del Alto Comisionado de la ONU fue un verdadero balde de agua fría. Chile, le recordó el príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein de Jordania, tiene demasiados temas pendientes en la materia. Uno de ellos, el conflicto no resuelto en la Araucanía.
Entre autoridades, ministros y embajadores se ha vuelto una costumbre aquello, ponerse colorado en los foros internacionales. Y es que Chile bate varios record en la materia. Entre ellos, el incumplimiento de las recomendaciones que tres relatores especiales han entregado a Chile tras visitas oficiales. “Décadas de discriminación han creado una profunda injusticia y desigualdad. Un reconocimiento adecuado y un diálogo significativo son esenciales en La Araucanía”, señaló a Bachelet el alto personero, a modo de consejo.
Tiene razón el jordano. Un conflicto político, cultural y de ribetes étnicos no se ahoga con represión, camino impresentable en democracia e inconducente en cualquier otro tipo de régimen. Mucho menos con militares en los campos como piden a gritos agricultores y descendientes de colonos. La solución es Política. Trata de diálogo y negociación de alto nivel con los actores del conflicto, la CAM y los grandes grupos económicos forestales, dos de ellos. Una hoja de ruta a largo plazo, como bien propone Aguirre.
Créanme, no hay atajos.
Pedro Cayuqueo
Director ONG Espacio Publico
