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El efectista compromiso con la agenda de las libertades

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El pasado 6 de abril la Fundación Iguales presentó el proyecto de matrimonio igualitario con filiación, desarrollado en conjunto con un grupo de abogados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el cual fue entregado al presidente del Senado Ricardo Lagos Weber. A la audiencia con el presidente de la Cámara Alta, se sumaron los senadores (PPD) Jaime Quintana, Felipe Harboe, Adriana Muñoz y Guido Girardi, el PS Fulvio Rossi, Lily Pérez de Amplitud y el Independiente pro DC Pedro Araya.

La cita tuvo un carácter casi premonitorio, ya que al día siguiente, volvería a instalarse el tema del matrimonio igualitario a nivel latinoamericano, a raíz del rechazo el pasado 7 abril en la Corte Constitucional de Colombia, con seis votos contra tres, a la ponencia del magistrado Jorge Pretelt que negaba la posibilidad para que la comunidad LGTB celebraran matrimonios igualitarios en aquel país. El fallo de la corte colombiana, sin duda ha sido un espaldarazo algo inesperado para quienes han seguido el debate acá en Chile, y viene a consolidar un extenso trabajo realizado por las organizaciones políticas, pro derechos LGTB y sociedad civil en los últimos años en Colombia.

Una semana más tarde, sería la misma Presidenta Bachelet quien recibiría la propuesta de la Fundación Iguales, estableciendo el compromiso de adelantar los plazos para enviar el proyecto, con el fin de materializar una de las promesas suscritas durante su campaña con agrupaciones de LGTB: abrir un amplio debate ciudadano respecto de la matrimonio igualitario y enviar un proyecto de ley.

Habrá que ver cuál será la verdadera disposición de esta administración a llevar a buen puerto las intenciones expresadas, ya que ante los hechos políticos de los últimos meses, se torna difícil creer que las voluntades de este gobierno estén en el lado de la ampliación del rango de libertades y espacios autónomos deliberativos. Si observamos el comportamiento del gobierno de centro izquierda en materia legislativa, pareciera que ha llegado a la convicción como coalición “programática”, que el éxito de la gestión política estará en dar rienda a su pulsión controladora.

Así es porque pareciera que en los análisis de los pasillos de Palacio, se instaló la idea de que el empoderamiento de un lánguido liderazgo como el del ministro del Interior, serviría para consolidar una imagen de dureza policíaca, imagen que alimenta a la prensa y a la opinión pública con “pachotadas” autoritarias más que razones y autoridad política. Basta ver la apuesta de todo el capital político de Interior y la insistencia casi neurótica en la Agenda Corta Antidelincuencia y su control “preventivo” de identidad, que bochornosamente fue rechazada por los diputados oficialistas y pasó a Comisión Mixta. La inexplicable conducción de gobierno en temas como el de La Araucanía, incluida la errática designación de su Intendente; y el postergamiento del aguado debate de aborto en tres causales. Sin considerar, además, las luces que a lo lejos se divisaban, en señal de que podríamos tener un debate inteligente y con mirada de sociedad desarrollada sobre el rol que cumple la actual legislación de drogas en Chile, tema que ya casi se extinguió.

A pesar de la recién aprobada Ley 20.830, la cual crea la figura de Acuerdo de Unión Civil (AUC), que busca dar resguardos a una alianza entre dos convivientes que quieren legalizar su situación a través de un contrato, con el fin de obtener derechos propios de una vida afectiva en común, de manera estable y confiable, el debate en torno a la pertinencia de un matrimonio igualitario, sigue siendo central en la agenda valórica nacional. De acuerdo a los resultados de la encuesta Bicentenario, desde el año 2006 hasta el 2015 ha habido un cambio porcentual considerable en la aprobación del matrimonio igualitario, ya que en el año 2006 un 32% estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario y un 48% lo desaprobaba, mientras que en el año 2015 un 50% está de acuerdo con el matrimonio igualitario, mientras que un 36% lo desaprueba. Y es que, si bien se entiende como un paso trascendente el que exista un mecanismo de resguardo para los derechos y bienes de parejas que se encuentran en condición de convivientes, la exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial, persiste como un menoscabo a la dignidad, libertad y ciudadanía de las familias fuera del paradigma heteronormativo.

El despliegue simbólico que vimos semanas atrás con respecto al proyecto de matrimonio homosexual, se nos presenta al parecer como un saludo a la bandera, un oasis ante el despliegue de iniciativas que solo buscan controlar. Y por lo mismo, una descarada instrumentalización del proyecto. Y es que al parecer esto será el desarrollo de lo que queda de gobierno, comenzar la retirada con grandes gestos que en la práctica se traducen en muy poco.