Es cierto que Ciudadanos apoyará en cuestiones constitucionales y presupuestarias al PP. Pero se equivocarían los hombres de Rajoy si pensaran que podrán contar con Albert Rivera para cualquier otra cosa. Porque el fin último de Rivera en este mandato es afianzar su formación, convertir su reciente irrupción nacional en estabilidad y fidelización de voto. Y, para eso, no dejará de bombardear con acusaciones de corrupción al PP. Para arrebatar parte de su hueco. Por eso adopta la actitud de Rivera frente a los populares en la comisión de investigación: porque en ausencia de una definición ideológica clara -que no ha querido tener por decisión estratégica y personal-, el único espacio que puede reivindicar Ciudadanos es el de ser algo parecido al PP pero sin tantas acusaciones de corrupción. Y lo explotará hasta el final. Porque se juega los votos y la supervivencia.
Rivera conoce los datos judiciales como cualquiera que siga habitualmente esta información. Y sabe que de los últimos 320 procesos por corrupción -todos ellos con respaldo de la Fiscalía- sólo 18 han acabado en condena. Es decir, que 302 de 320 casos han acabado en la nada judicial -eso sí, en una matanza mediática-: nada menos que el 95%, un porcentaje que debería hacer preguntarse a los responsables de las instrucciones judiciales qué están haciendo y si a ese respaldo masivo a las querellas se le puede llamar protección de las garantías judiciales de los acusados.
Pero también es un porcentaje que demuestra otras dos cosas: la primera, que, evidentemente, ha existido corrupción, pero ni por lo más remoto de una forma tan generalizada como los nuevos partidos pretenden hacer creer. Y la segunda, que, pese a esa evidencia, la imagen de que los viejos partidos son un nido de corruptos ha calado en la sociedad. Y eso tiene una jugosa explotación electoral.
Fue el propio Ciudadanos el que hace bien poco defendía su proposición de ley de lucha integral contra la corrupción en el Congreso. Y allí, Cs fijaba la «inhabilitación o suspensión de cargo público, desde que sea firme la resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento». No tras la investigación -antigua imputación-. No tras la denuncia.
Pero aquello pasó pronto: en cuanto se dio cuenta de que el PP seguía subiendo en las encuestas. A partir de ahí, aparcaron su propia reflexión para pasar al desgaste y pedir, incluso preventivamente -«si son imputados»-, las dimisiones más sonadas.
Eso no es lucha contra la corrupción. Es aprovechamiento electoral. Lucha contra la corrupción es pedir medios para la Justicia, independencia y control de sus resultados. Y en eso no hacen tanto hincapié.
