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PP y Ciudadanos, un año de matrimonio de conveniencia

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Ocurre en agosto de 2016. El PP y Ciudadanos comienzan una negociación vertiginosa para intentar superar el bloqueo político que impide la formación de Gobierno desde diciembre de 2015. El 3 de agosto, Rajoy y Rivera acordaron abrir “un canal de comunicación permanente”. El 9, Ciudadanos mueve ficha y le plantea al PP seis condiciones irrenunciables para abrir la negociación de un pacto de investidura. El 28, los dos partidos firman un documento con 150 reformas. Es el primer paso para que Rajoy se asegure su continuidad en la Moncloa, que acaba consiguiendo en octubre con los votos afirmativos de PP, Ciudadanos y Coalición Canaria y la abstención del PSOE. La tensión que preside esas negociaciones entre el PP y Ciudadanos —que compiten por el mismo espacio electoral— sigue marcando hoy su relación.

Justo un año después, los dos partidos afrontan un momento clave en su peculiar relación de socios parlamentarios y rivales electorales. Fernando Martínez Maillo, coordinador nacional del PP, se reafirma en la decisión de que Albert Rivera acuda a la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos que ha impulsado su formación en el Senado. Y José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, defiende la necesidad de que Rajoy haga lo propio en la comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP que su partido patrocina en el Congreso. Nada refleja mejor las tensiones que marcan el matrimonio de conveniencia que mantienen los dos partidos, llamados a negociar en los próximos días los Presupuestos de 2018.

El balance de la ejecución del acuerdo es irregular. El PP y Ciudadanos han conseguido impulsar más del 20% de sus medidas en tan solo un periodo de sesiones, pero han dejado para más adelante sus compromisos más complejos. Los dirigentes consultados por EL PAÍS reconocen la sintonía que mantienen las dos formaciones en el área económica y las discrepancias que les enfrentan en regeneración institucional y lucha contra la corrupción.

Así, el PP y Ciudadanos no han conseguido consensuar una fórmula para eliminar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno; o para limitar los mandatos presidenciales (el compromiso era hacerlo en los tres primeros meses de gobierno de Rajoy). Tampoco se pusieron de acuerdo para abrir la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del partido que sustenta al Gobierno. Y se aplicaron en un pulso extenuante a cuenta de si Pedro Antonio Sánchez debía dimitir como presidente de Murcia tras su imputación en el caso Auditorio (finalmente, dejó el cargo).

Unidos frente al reto de los independentistas catalanes, la reanudación de la actividad parlamentaria volverá a poner a prueba la alianza de los dos partidos. Ciudadanos espera que se apruebe su ley de medidas de lucha contra la corrupción, ya tramitada; y que se debata su proposición para regular la maternidad subrogada, cuestión que provoca un intenso debate interno en el PP, que previsiblemente no secundará la propuesta. Rajoy, por su parte, pide que Rivera apoye los Presupuestos de 2018, como ya hizo con la cuentas públicas de 2017.