Managua, 5 jun (EFE).- El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza política en la Asamblea Nacional (parlamento), exigió hoy la destitución del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, por «incapacidad total permanente» para ejercer sus cargos.
Los diputados de ese colectivo pidieron la dimisión de Ortega y Murillo bajo la ley de aprobación de la Declaración de Incapacidad Total Permanente para ejercer los cargos de presidente y vicepresidenta de la República de Nicaragua, en el marco de una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 127 muertos y más de un millar de heridos.
La solicitud está basada en los «hechos de muerte, ciudadanos desaparecidos, torturados, perseguidos, represión, impunidad, incertidumbre, delincuencia generalizada, saqueos, irrespeto a la propiedad privada, desolación, violencia, caos, irrespeto a los derechos humanos y constitucionales en todas sus formas», según la petición.
La Asamblea Nacional de Nicaragua es dominada por el oficialismo y para que pueda prosperar esa propuesta se requiere de los votos de dos tercios de los diputados, es decir, 62 de un total de 92.
El oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuenta con una mayoría de 64 diputados.
El PLC es el partido del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), quien siendo gobernante pactó con Ortega unas reformas de ley que, entre otros, bajó el techo para ganar unas elecciones presidenciales en primera vuelta de 45 a 35 por ciento y se repartieron los cargos de las instituciones del Estado.
Por su lado, la Policía Nacional acusó hoy al académico Félix Maradiaga de organizar bandas delincuenciales para alterar la paz en Nicaragua desde el pasado 18 de abril.
«Hemos logrado establecer la existencia de estructuras delincuenciales organizadas por el sujeto conocido como Félix Maradiaga en conjunto con la agrupación delincuencial ‘Viper’, dedicada al crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, asesinato y otros delitos conexos», afirmó el jefe de Auxilio Judicial de la Policía, Luis Alberto Pérez Olivas.
Según el jefe policial, esa estructura incluye «la contratación de sicarios para la ejecución de asesinatos, tráfico de drogas, armas y municiones, así como terrorismo mediático» y operaba en el sector de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), en Managua, que se mantiene tomada por un grupo de estudiantes que protestan contra el Ejecutivo.
Fuente: La Vanguardia
