Mientras el 83% de los ciudadanos cree que los servicios básicos -agua, luz y gas- deberían ser estatales, de los 183 diputados y senadores consultados sólo el 46% considera a esa la mejor opción.
Casi todas las compañías que proveen de agua, luz y gas a la población en Chile son privadas. ¿Debieran ser propiedad del Estado?
Esa fue una de las preguntas que el Laboratorio Constitucional de la U. Diego Portales (Labcon UDP) y la consultora Criteria Research plantearon primero a integrantes del Congreso, y luego a personas comunes y corrientes, para después comparar las respuestas. El objetivo: conocer las brechas entre las percepciones y opiniones de los ciudadanos y las de sus representantes en el Parlamento.
Así, mientras el 83% de los ciudadanos cree que los servicios básicos deberían ser estatales, de los 183 diputados y senadores consultados sólo el 46% considera a esa la mejor opción.
El estudio, que incluye respuestas del 92% de los miembros del Congreso y una encuesta a 800 personas en todo el país, evaluó las percepciones sobre dos áreas: liberalismo económico y valórico, y en ambas se aprecia una diferencia importante. De hecho, el informe concluye que “se advierte un desacople entre las percepciones de la ciudadanía y de los congresistas. Esto confirma una crisis de representación o al menos una desconexión entre la política y la ciudadanía”.
¿Mercado o Estado?
En relación a lo económico, la pregunta que menos distancia marcó fue la que tuvo que ver con la propiedad de Codelco, el mayor productor de cobre del mundo y la empresa pública que más aporta al erario. Se les consultó sobre si debía o no privatizarse. Tanto en el Congreso (88%) como en la ciudadanía (73%), la mayoría respondió que no, que debía seguir siendo patrimonio del Estado.
Donde sí se notó una mayor diferencia, al igual que con los servicios públicos, fue en las preguntas relacionadas a los sistemas de seguridad social. Respecto a si consideran que el sistema previsional compuesto por las AFP debiera ser de propiedad totalmente estatal, el 81% de las personas encuestadas respondió afirmativamente. En cambio, apenas el 39% de los senadores y diputados señaló estar a favor de esa opción.
Lo mismo pasó cuando se les preguntó sobre si las Isapres debían seguir siendo privadas: el 77% de los ciudadanos consideró que no, opción que sólo compartió el 36% de los legisladores.
Si bien el estudio da cuenta de una preferencia ciudadana por la estatización en sectores clave, según Claudio Fuentes, coordinador del Labcon UDP, no tendría tanto que ver con una posición ideológica, sino más bien con “la búsqueda de una regulación y protección ante los abusos y los temas que les afectan directamente”.
Libertades individuales
En el área valórica, los resultados revelan diferencias menos marcadas, lo que según Fuentes se puede interpretar como “un mayor acercamiento por parte de la elite política, que se muestra más liberal de lo que era en el pasado”.
Ejemplo de ello son las preguntas sobre el derecho a contraer matrimonio para parejas homosexuales y la apertura a la legalización del aborto, en las que las opiniones de congresistas y ciudadanos están a la par (ver infografía). En cuanto a la eutanasia, en el Congreso el 62% se mostró a favor, opción que en la ciudadanía alcanza el 81%.
Sí hubo diferencia respecto a la posibilidad de “limitar la migración, porque afecta el trabajo de los chilenos”. El 60% de los ciudadanos está de acuerdo, mientras que sólo un 19% de los parlamentarios respalda esa opción.
