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Gobierno pide postergar votación de protocolo de la ONU sobre discriminación contra la mujer para revisar sus implicancias

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Este instrumento -suscrito por Chile en 1999 y aprobado por la Cámara en 2001- que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece, entre otras cosas, la posibilidad de que mujeres puedan denunciar a esta instancia cuando sus derechos son vulnerados.

Para este lunes estaba programado que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado votara el protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, una iniciativa que durante los últimos 18 año ha tenido escaso avance en la Cámara Alta. Sin embargo, ésta se pospuso para agosto, a petición de la Cancillería y con acuerdo de los parlamentarios.

Se trata de un instrumento que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW en sus siglas en inglés y que fue ratificada por Chile en 1989. Éste permite, entre otras cosas, que personas o grupos de personas que estén bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por parte de ese Estado -de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención-, puedan recurrir a un comité creado para este fin.

También establece que si dicho comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte, podría incluso visitar el territorio, siempre con autorización del país que fue denunciado.

El protocolo fue suscrito por Chile en 1999 y aprobado por la Cámara de Diputados en 2001, pero en los últimos 18 años ha logrado escasos avances en el Senado.

“El ministro (de Relaciones Exteriores) Teodoro Ribera me pidió que se postergara la votación porque ellos están completando un estudio sobre cómo se ha aplicado el protocolo facultativo sobre los países que han tomado la posibilidad de dispensarse de él”, explicó el senador José Miguel Insulza, presidente de la comisión.

En esta línea, desde la Cancillería confirmaron esta información a La Tercera y explicaron que actualmente están estudiando detenidamente dos temas: cómo se manejará la facultad del Congreso en materia de discusión de tratados, y junto a esto se están revisando los avances que se han realizado, desde 2001 en adelante, en materia de discriminación a la mujer.

Otro de los motivos argumentados por la Cancillería para solicitar que se postergara la votación fue la ausencia del canciller en la sesión, quien no participó porque se encontraba fuera de Santiago.

Las explicaciones del gobierno

El 22 de enero pasado -tras 18 años en la Cámara Alta- el protocolo fue revisado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Dos meses después, las diputadas de oposición entregaron una carta a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, para solicitar la urgente ratificación de dicho protocolo.

En ese entonces, la ministra Plá sostuvo que la aprobación de tratados internacionales “es una facultad del Congreso”. “El Gobierno seguirá el trámite y mientras el Congreso discute el tema, estamos analizando todas las implicatorias de este protocolo en forma exhaustiva y responsable”, explicó la secretaria de Estado a través de un comunicado.

Críticas a la Cancillería

Durante los últimos meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido flanco de críticas luego de que Chile se retirara del Pacto de Escazú -pese a que fue uno de los países que impulsó este acuerdo medioambiental- y posteriormente rechazara suscribir el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular negociado en la ONU.

Los cuestionamientos nuevamente se hicieron presentes hace unos días luego de que el país se abstuviera de votar una propuesta de resolución presentada por Islandia ante el Consejo de DD.HH. de la ONU que buscaba presionar al gobierno de Filipinas a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, llevar a cabo investigaciones imparciales y perseguir las responsabilidades correspondientes en el contexto de lo que se ha llamado en ese país “la guerra contra la droga”.

Fuente: La Tercera