El pasado sábado, los integrantes del partido político en formación encabezados por el ex ministro Andrés Velasco, dieron un paso fundamental en sus ideas programáticas propias, luego de meses de trabajo de diversas comisiones, este fin de semana presentaron sus «125 propuestas ciudadanas» enfocadas en 10 temas como la educación, los derechos humanos, la salud, la seguridad y la administración del Estado entre otros temas, que servirán para dar sustento de propuestas para las futuras candidaturas de este partido como también a la postulación presidencial de Sentido Futuro si logra encontrarse un nombre adecuado para disputar el palacio de La Moneda, si quiere conocerlas y no las ha podido encontrar o también no ha tenido tiempo, Ciudad Liberal le ofrece a usted cuales son estas ideas con las cuales esta colectividad centrista y liberal pretende enfrentar o solucionar los actuales problemas de Chile
En Chile, uno de los temas políticos más relevantes durante la última década es la delincuencia. Hoy el 38,9% de las familias chilenas manifiestan que alguno de sus miembros ha sido víctima de robo o de algún intento de ello. Por eso ponemos sobre la mesa un conjunto de desafíos a ser superados a través de políticas públicas sintonizadas con la realidad y con las necesidades de los chilenos.
Un Chile seguro depende de la prevención, la rehabilitación y el imperio de la ley.
1.- Aunar criterios: Como Ciudadanos consideramos esencial partir de un piso común, abrir el diálogo tomando como base los diagnósticos existentes en materia de seguridad ciudadana y, a partir de ellos, construir alternativas que evalúen diversas perspectivas en la lucha contra la delincuencia, considerando elementos de prevención, debido proceso y reinserción social como base para la elaboración de las políticas y normativas.
2.- Conciliar garantías y seguridad: Necesitamos contar con una normativa sostenible que se base en la prevención, el imperio de la ley y la rehabilitación con un enfoque de derechos y, a la vez, con elementos que fortalezcan la seguridad de chilenas y chilenos.
3.- Proteger a los menores de edad: En Ciudadanos creemos que la deserción escolar, la venta y consumo de drogas, el abandono familiar e institucional hacia grupos vulnerables de niños, niñas y adolescentes, son factores determinantes en la lucha y prevención de la delincuencia. Por eso nos parece fundamental garantizar el acceso de niños, niñas y adolescentes a educación de calidad.
Un Chile seguro depende de la prevención, la rehabilitación y el imperio de la ley.
4.- Fomentar el fortalecimiento y la coordinación entre las instituciones encargadas de la Seguridad Ciudadana: Estamos convencidos de que el trabajo interinstitucional permitirá la construcción de una red de seguridad, que asegure el bienestar de todos los chilenos.
5.- Revisar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: Vemos con preocupación que a una década de la implementación de esta ley aún se identifiquen problemas de ejecución y diseño que dificultan el cumplimiento de sus objetivos. Por eso consideramos primordial impulsar las reformas necesarias para alcanzar los objetivos que esta normativa persigue, a través de una modificación de la ley o con la creación de una nueva.
6.- Mejorar políticas de rehabilitación y reinserción: Creemos necesaria la creación de modelos de reinserción social de reclusos, entendiendo que más del 50 % de ellos vuelve a delinquir luego de cumplir la pena. Como Ciudadanos debemos generar propuestas que permitan mejorar políticas de rehabilitación y reinserción actualmente en curso, esto al entender que menos del 50% de población penal tiene la Educación Media completa.
7.- Ampliar la cobertura y contenido del Programa de Apoyo Postpenitenciario de Gendarmería: Dicho programa está enfocado en la reinserción laboral de personas que se encuentran en proceso de limpieza de antecedentes penales. La población atendida recibe capacitación en el área laboral y de emprendimiento. Este programa hoy beneficia a menos de 1.000 ex reclusos, cobertura que consideramos insuficiente.
8.- Mejorar el Servicio Nacional de Menores (SENAME): A treinta y siete años de su creación (1980) y doce años de la implementación de la Ley N°20.084 de responsabilidad penal juvenil (2005), consideramos que es urgente realizar una serie de mejoras profundas al SENAME que garanticen un servicio de excelencia, transparente y adecuado a las necesidades de seguridad ciudadana, actuando en conformidad a los principios consagrados en el Derecho Internacional (Derechos Humanos) y en la Convención de los Derechos del Niño.
Principalmente proponemos la separación del SENAME en dos servicios autónomos, uno dedicado exclusivamente a la protección de la infancia y la adolescencia y otro dedicado la responsabilización y reinserción social de infractores.
9.- Desarrollar un sistema de justicia juvenil: Proponemos desarrollar y potenciar un sistema de justicia juvenil especializado en lo técnico y profesional. De esta manera se podrán coordinar de mejor manera las distintas instituciones que trabajan con jóvenes para establecer un abordaje sistémico que resuelva su actual fragmentación. Hacia un sistema de salud justo, solidario y equitativo. La Salud es un pilar fundamental en la búsqueda de la libertad de las personas. Esto requiere de un sistema que brinde las mismas posibilidades a todos los habitantes, sin que el recurso monetario individual sea un factor determinante para recibir atención digna y resolutiva. Creemos en un sistema de salud que represente lo que queremos como sociedad y que refleje los ideales de Ciudadanos: inclusividad, solidaridad, equidad y modernidad. Estos cambios deben ser reflexionados, discutidos y estudiados, para así generar un sistema eficiente y por sobre todo justo para cada uno de los ciudadanos de este país.
10.- Reformar el sistema de atención primaria de salud: Creemos necesario un abordaje integral que reorganice el sistema sanitario. Debemos cuestionarnos si es a través de las municipalidades desde donde se puede lograr el enfoque comunitario propuesto en sus inicios por la OMS, o si se debe dar un giro al sistema para generar verdaderas estructuras territoriales independientes de la gestión política – con visión de largo plazo –, que transformen el sistema desde el nivel comunitario al especializado, desde la prevención hasta el tratamiento de la enfermedad.
11.- Fortalecer el programa nacional de salud del adulto mayor: Es de conocimiento general que la población chilena está envejeciendo y no de manera saludable. El aumento de la esperanza de vida como también el de enfermedades no transmisibles provocan un cuadro de demandas permanentes. Debemos avanzar hacia un sistema que entienda las necesidades del adulto mayor en su más amplia definición, con especial énfasis en las personas postradas.
12.- Mejorar la gestión de reserva de horas oportunas y de baja complejidad: Los cuadros no complejos deberían resolverse en los CESFAM, para evitar el colapso de los servicios de urgencia, especialmente en los tiempos críticos (considerando enfermedades estacionales que tienen una periodicidad definida).
13.- Desarrollar una política de recursos humanos en la atención primaria, con énfasis en la resolutividad: Proponemos un modelo de atención familiar, con especialistas, en esta disciplina, y profesionales afines con contratos e incentivos adecuados, esto con el fin de volver más eficiente el modelo de atención primaria existente en Chile.
14.- Mejorar la gestión: Actualmente nuestra salud pública presenta deficiencias para dar respuesta a las demandas sanitarias de la población, externalizando y comprando servicios a la salud privada del país (según lo señalado en el informe de la Dirección de Presupuestos se proyecta para el 2017 un gasto de 4,38% del PIB para el ámbito salud, con deuda hospitalaria que asciende a los U$ 950 millones). Por eso creemos que debemos trabajar intensivamente en las tareas de gestión, incluyendo la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) y Servicios de Salud. Además, creemos necesario que la elección de las jefaturas en esta área deben hacerse a través del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) para terminar con el cuoteo político.
15.- Profesionalizar el sistema de salud: Debemos tener una mirada de empresa pública altamente calificada a nivel del sector prestador (Subsecretaria de Redes), y que sean las autoridades políticas (SEREMIs – Subsecretaria de Salud Pública) las promotoras de la salud pública, para finalmente integrar la visión de la salud pública como disciplina en todo el quehacer del sistema. Esto con el objetivo de que las decisiones sean tomadas sobre la base de conocimientos técnicos, fundados y específicos en conjunto con el diálogo con las organizaciones pertinentes.
16.- Crear un sistema de salud único, con un plan base al que tengan acceso todos los chilenos independiente de su ingreso: Creemos en el sistema de salud chileno como parte de un sistema de protección social basado en la equidad y solidaridad, con un Estado garante en que todos los ciudadanos puedan acceder a una atención digna, y que sus problemas de salud sean abordados de la mejor forma posible.
17.- Mejorar la política salarial para los profesionales de la salud del sector público: Para la retención de los especialistas que Chile necesita debemos generar una política de incentivos adecuados que permita tener una política de remuneraciones que involucre un salario fijo y variable, este último por productividad. Con esto no solo buscamos modernizar el sistema y atraer especialistas, sino también tratar de retenerlos en el sector público.
18.- Buscar una fórmula que permita pagar las prestaciones de salud a valor real: El encarecimiento hospitalario se debe, por una parte, a problemas de gestión (politización del sector técnico) y por otro lado a que el sistema no paga lo correcto por prestaciones, motivo por el que especialistas privilegian el sistema privado. Sin duda es una tarea compleja, pero bien tratada permitiría exigir a los prestadores tanto públicos como privados contar el mismo nivel de excelencia en las prestaciones.
19.- Fomentar el intra-emprendimiento: creemos que es necesario generar un marco estructural donde los profesionales y técnicos puedan desarrollar su trabajo en un entorno desafiante, que estimule la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a la población, especialmente la más vulnerable. Queremos fomentar el intra-emprendimiento, donde los propios usuarios del sistema, en conjunto con los funcionarios, puedan mejorar la salud de la población.
20.- Hacer diagnóstico claro sobre infraestructura sanitaria: Muchas veces es mejor un hospital viejo que atienda bien a los pacientes, que grandes y modernos hospitales sin los profesionales requeridos, por lo que, si bien creemos necesario invertir en infraestructura hospitalaria, queremos priorizar la mejora de los establecimientos existentes en términos de atención, eficiencia, y calidad.
21.- Crear el Instituto Nacional de Telemedicina de Chile: esto permitiría desarrollar y utilizar centralizadamente, todos los elementos que la tecnología nos entrega para el cuidado y salud de las personas que por motivos geográficos u otras situaciones no puede acercarse a un centro de atención sanitaria.
Una ciudad que crece cuidando su medioambiente.
Nuestras prioridades partidarias deben contemplar políticas y acciones que permitan que todos los habitantes de nuestro país vivan en un entorno urbano o rural sustentable. Necesitamos un desarrollo armónico que concilie las necesidades de vivienda, trabajo, comercio, cultura, recreación, salud, educación, seguridad, energía, servicios, transporte y todos los aspectos involucrados en la vida en sociedad. Además, estas necesidades deben compatibilizarse con los fines productivos, turísticos, de preservación ambiental del territorio, y valores comunitarios compartidos.
22.- Crear figuras de autoridad que regulen el crecimiento de grandes ciudades: Como Ciudadanos hemos observado un crecimiento desmedido e inorgánico de las ciudades sin la existencia de una guía que permita un ordenamiento territorial eficiente, tanto productiva como medioambientalmente. Por esto creemos necesario contar con una figura de autoridad que regule el uso de suelo de grandes extensiones urbanas, tales como el Gran Santiago, Valparaíso y Concepción (zonas urbanas que por el boom demográfico de las últimas décadas han crecido sin una orientación orgánica y coherente con el medio ambiente).
23.- Atribuir mayores responsabilidades a autoridades cuya labor se relacione con el uso y administración de áreas espaciales: Lo anterior debido a que la normativa sobre uso de suelos y bordes costeros es obsoleta, incoherente e incompleta (ejemplo es la compra de terreno agrario, que termina siendo utilizado con fines residenciales, irregularidad que es formalizada por Ministerio de Bienes Nacionales luego de 5 años). 24.- Crear un sistema de planificación integral del territorio: Este debe conciliar aspectos económicos, turísticos, sociales y ambientales, estandarizando parámetros de aprobación de gestión de uso de suelos, además de dictaminar un orden jerárquico de las normas involucradas en el derecho urbanístico. Esto permitirá evitar el desarrollo desigual de distintas comunas en términos de concentración comercial, densificación demográfica y residencial.
25.- Crear instancias de participación ciudadana en la normativa de planificación municipal: Como Ciudadanos hemos observado instancias de consultas ciudadanas exitosas en diversos municipios promovidas a través de la ley N° 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Si bien la ciudadanía está habilitada para participar, y es representada por concejales a la hora de decidir sobre elementos de planificación comunal, creemos que debiese existir una participación más activa que permita a los Ciudadanos ser responsables con su entorno.
26.- Fomentar la educación cívica para el cuidado del medioambiente: Como Ciudadanos nos identificamos con el cuidado del entorno, barrios y comunidades que debido a la falta de educación y conciencia cívica se han visto deteriorados. Por eso proponemos realizar una campaña publicitaria que promueva el respeto por el medio ambiente, el cuidado de ciudades y del entorno.
27.- Aumentar las sanciones para delitos que empobrecen y vuelven inseguros nuestros barrios: No solo la contaminación ha sido la responsable de empobrecer nuestros barrios. Actos delictuales como el rayado de murallas son indicadores de inseguridad para la población. Por eso proponemos aumentar las sanciones y multas asociadas para quienes acumulen o boten basura o escombros en espacios y vías públicas. A la vez, creemos necesario impulsar una política de reciclaje que involucre tanto a la alta industria como a la comunidad, propuesta que ayudaría a disminuir la contaminación residual existente en nuestro país.
28.- Descentralizar Chile: Existe un desarrollo desequilibrado del país que se caracteriza por una gran concentración de población, recursos, poder político y económico en Santiago en desmedro de las regiones. Por eso proponemos descentralizar la autoridad entregada a la administración central en relación a las regiones, fortaleciendo la figura de autoridades regionales y provinciales, iniciativa que debe incluir reinvertir un porcentaje de la producción, promoviendo planes de industrialización y de desarrollo económico a nivel regional (se debe estudiar la posibilidad de instaurar un modelo Federal de distribución y gobernanza territorial).
29.- Fomentar la inversión industrial y empresarial con foco en la eficiencia energética en viviendas urbanas y rurales: Conscientes de los problemas energéticos que nuestro país enfrenta proponemos cambios en la regulación de las empresas de distribución de energía. En particular se indica: i) remover el desincentivo que tienen las distribuidoras a la eficiencia energética con el desacoplamiento de ingresos de ventas; ii) entregar incentivos a las distribuidoras para que promuevan de manera medible y verificable la eficiencia energética para los hogares en sus redes; iii) modernizar el marco regulatorio para incentivar la integración de nuevas tecnologías que sean técnica y económicamente factibles, tales como medidores inteligentes, control de la demanda y almacenamiento.
30.- Mitigar las barreras financieras para permitir la integración de nuevas tecnologías eficientes a los hogares: a través de créditos dedicados, franquicias tributarias, hipotecas verdes y otros instrumentos, a través del Estado y la banca privada, con el fin de reemplazar el uso de energías altamente contaminantes.
31.- Fomentar el compromiso ciudadano en el desarrollo de sectores productivos: Lo anterior basado en la necesidad de impulsar criterios de “valor social compartido” (desarrollo de proyectos productivos con beneficios a la comunidad), además de fortalecer programas participativos de mejoramiento de barrios, con el fin de aumentar el número de áreas verdes, recreativas y culturales.
Más y mejores pensiones.
El descontento con las pensiones y con nuestro sistema previsional no es nuevo. En 2013 el gobierno de la época encargó el Informe de Percepciones en torno al Sistema Previsional que mostró que el sistema previsional se asocia mayoritariamente a contenidos y significados negativos: aprovechador, injusto, complejo, desconocido, poco transparente, entre otros atributos. Posteriormente, la Encuesta de Opinión y Percepción del Sistema de Pensiones en Chile (2015) efectuada por la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, mostró que la opinión mayoritaria de los chilenos es categórica: el 70% de las personas está muy en desacuerdo con la afirmación “Las pensiones que entrega el sistema de AFP alcanzan a financiar un nivel de vida adecuado”, mientras que el 71% de los pensionados por vejez declara que la pensión que recibe no le alcanza para satisfacer sus necesidades. En consecuencia, la molestia con las bajas pensiones y con el funcionamiento del sistema previsional existe desde hace tiempo, pero como país no nos hemos hecho cargo de este descontento. Aquí planteamos nuestras propuestas en esta materia:
32.- Incrementar gradualmente la tasa de cotización: Esto permitirá evitar cambios o ajustes abruptos en el mercado laboral, cuya contribución será equivalente para empleados y empleadores. El porcentaje que aportará cada parte aumentará en 1% anual hasta llegar a 3%. De esta manera el incremento total para las cotizaciones llegará a 6%. Sin embargo, creemos que el destino de esos recursos puede ser diferente al de la cuenta de capitalización individual de la AFP, pudiendo ser destinados a otros mecanismos de ahorro previsional voluntario.
33.- Dejar de postergar la cotización de los trabajadores independientes: Pese a que la Reforma Previsional del año 2008 establecía que para 2015 los trabajadores que emiten boletas a honorarios debían cotizar sin excepción por el 100% de la renta imponible para pensiones y accidentes del trabajo, esta iniciativa fue postergada hasta 2018 (Ley Nº20.894). Situación que como partido proponemos dejar de prorrogar debido a que estos trabajadores siguen siendo un grupo vulnerable en términos previsionales y laborales.
34.- Ampliar la obligación de cotizar, al menos por una base equivalente al ingreso mínimo mensual, a aquellos trabajadores que tributan bajo regímenes de renta presunta: Nos referimos, por ejemplo, a los trabajadores del transporte y a otros con regímenes especiales de tributación (suplementeros, pequeños mineros artesanales, etc.).
35.- Igualar la edad legal de pensión de mujeres y hombres a 65 años: Las mujeres chilenas tienen pensiones más bajas que los hombres porque ganan menos, porque tienen más lagunas previsionales, porque jubilan antes y además tienen una mayor expectativa de vida. Por eso, proponemos un ajuste gradual en la edad de jubilación por tramos, esto para no afectar a las mujeres que ya tienen previsto jubilar a los 60 años.
36.- Generar igualdad laboral en pos de mejores pensiones: De forma complementaria proponemos que en paralelo se realicen acciones tendientes a lograr equidad en otros aspectos del mercado laboral que actualmente perjudican a las mujeres y que llevan a que éstas sean excluidas, o que obtengan empleos de menor calidad y con remuneraciones más bajas que las de los hombres por realizar el mismo trabajo.
37.- Transferir a afiliados del régimen de las Fuerzas Armadas al régimen general de pensiones: Creemos que es necesario tener un sistema único y general de pensiones que cubra a todos los trabajadores de manera idéntica. Esto acarrearía múltiples beneficios, entre ellos equidad, transparencia, reducción de los costos administrativos, y mejora de las finanzas públicas. Lo anterior considerando que el gasto público destinado al Sistema de Pensiones Solidarias que beneficia a un millón 300 mil jubilados, es menor al gasto público en pensiones para las Fuerzas Armadas que beneficia solo a 170 mil jubilados de las FFAA y de orden.
38.- Crear del aporte único del Estado a cada chileno recién nacido: En aras de un mecanismo autosustentable de pensiones proponemos que el Estado haga un aporte inicial y único a cada chileno nacido en una cuenta de capitalización individual y que este dinero comience a ser invertido de inmediato. Al pensionarse, el monto aportado por el Estado al momento del nacimiento (reajustado por inflación) se devuelve al Estado y la diferencia se destina a pensión. Este mecanismo de devolución al Fisco es el que permitiría que el sistema sea autosustentable en el largo plazo
39.- Crear un seguro para pensionados dependientes: Basados en la responsabilidad fiscal que nuestro país necesita, como Ciudadanos consideramos prioritario establecer un seguro focalizado en enfrentar la contingencia de dependencia severa en la vejez. Así podremos proteger a los adultos mayores en una etapa en que existe una alta probabilidad de enfermedad y en donde no hay posibilidad de generar ingresos de forma autónoma.
40.- Aumentar la licitación: Una forma de incrementar la competencia entre administradores de fondos de pensión es vía licitaciones (como la de cartera nueva) de la cartera establecida a la administradora de menor costo. Este modelo ha sido muy exitoso y ha reducido las comisiones del sistema, permitiendo que decenas de millones dólares que iban al bolsillo de los dueños de las administradoras se queden en el bolsillo de los afiliados.
41.- Mantener el encaje de 1% de los fondos de pensiones para responder a una rentabilidad mínima garantizada: la idea es agregar nuevos incentivos. Hoy el mecanismo sólo castiga, exigiendo la restitución del mínimo de rentabilidad si se desvía fuertemente a la baja. Esto ha llevado a que las administradoras se diferencien poco en materia de rentabilidad en los distintos fondos, ya que terminan teniendo carteras similares para evitar desviarse mucho del promedio.
Estado Moderno
En los últimos años ha aumentado la mala percepción ciudadana sobre la calidad de la atención en los servicios del Estado, principalmente debido a su incapacidad para responder a las demandas de una ciudadanía cada vez más compleja, diversa y exigente. Las huelgas, ilegales para el sector público, o las movilizaciones durante el proceso de negociación por el reajuste salarial de los funcionarios públicos, han contribuido desfavorablemente a alimentar esta percepción.
Más allá de la profundidad de los factores que influyen sobre la administración de los recursos del Estado, se hace necesario y urgente tener una respuesta acorde a los estándares de calidad que demanda una sociedad civil moderna.
42.- Mejorar el reclutamiento y selección de personal: Proponemos implementar un examen único de ingreso a la administración pública para certificar que las personas interesadas cumplan con las competencias mínimas necesarias para trabajar en el Estado. Este instrumento es una solución eficaz contra el “amiguismo”, el “cuoteo político”, el “nepotismo”, y otras malas prácticas que atentan contra las capacidades institucionales y el bienestar de la sociedad.
43.- Instalar un sistema que estandarice el diseño de puestos de trabajo y la definición de perfiles para ocupar esos cargos: El objetivo es reducir las descripciones genéricas que se limitan a un conjunto de requisitos comunes (como titulación, experiencia y estudios necesarios), sin detallar las tareas y funciones esperadas.
44.- Mejorar el entrenamiento eficaz y acorde a las necesidades del Estado: La mejora continua pasa necesariamente por una capacitación constante de nuestros servidores públicos. Aunque actualmente en algunos servicios del Estado existen planes de inducción, creemos que debe existir una política de capacitación común a todos los organismos del Estado.
45.- Implementar un sistema de evaluación individual a cargo de una entidad externa, cuyos instrumentos de evaluación sean fijados en conjunto con la autoridad del Servicio (como se hace en el Poder Judicial). Lo anterior busca reforzar el buen desempeño con un sistema de incentivos económicos, que premie a los funcionarios que hayan realizado una contribución diferenciadora.
46.- Generar una nueva política laboral para los servidores públicos: Esta normativa se debe basar en los principios de meritocracia, de igualdad de oportunidades, debe ser flexible a las demandas ciudadanas y adaptable en el tiempo. Ello se lograría estableciendo un nuevo régimen basado en el Código del Trabajo, que norme condiciones de despido e indemnización, generando una modificación gradual del sistema planta-contrata-honorario hacia una modalidad única de contratación, generando incentivos al retiro.
47.- Disminuir la cantidad de ministerios y hacerlos más eficientes: Desde el retorno a la democracia, el crecimiento del Estado ha sido inorgánico. En 1990 había 19 ministerios, hoy 22 y a la espera de la aprobación por parte del Congreso del Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Ministerio de la Cultura y las Artes. Este crecimiento no solo implica un aumento en el costo de administración del Estado (por cada ministerio se deben crear secretarías en las quince regiones del país), sino que también dificulta la propia coordinación entre ministerios y agencias. Precisamente para fortalecer la eficiencia y coordinación creemos necesario reducir el número de ministerios, uniendo carteras ministeriales afines.
48.- Crear la Agencia de Análisis de Políticas Públicas en el Congreso para fortalecer la labor legislativa: Creemos necesario contar con una oficina de análisis técnico que funcione en el Congreso con el objetivo de fortalecer la función parlamentaria. Esta agencia, que dependerá del propio poder Legislativo, debiese estar compuesta por un equipo de expertos de diversas profesiones para entregar apoyo técnico en el proceso legislativo a todos los parlamentarios. Además, la nueva agencia realizará para cada iniciativa de ley en discusión, un análisis del costo-beneficio social de los proyectos, además de generar recomendaciones para la implementación legal y administrativa de estos.
49.- Crear Directorios de Gestión Pública: Los servicios del Estado deben tener un proceso permanente de mejora y eficiencia, el cual no puede estar atado a los cambios políticos cada cuatro años. Para blindar la gestión del Estado del ciclo político, creemos prioritario crear “Directorios de Gestión Pública” – DGP – conformados por personas del sector público y privado. Estos Directorios de gestión dirigirán y supervisarán la dirección de servicios del Estado que estén relacionados, en uno o más ministerios.
50.- Extender los contratos de los profesionales seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP): Pese a que la mayoría de los servicios y organismos del Estado eligen a sus directivos a través del SADP, la experiencia ha mostrado las fragilidades del sistema. Uno de sus principales problemas son los despidos que se realizan con cada cambio de gobierno, sin importar las credenciales profesionales y el concurso por el cual se realizó el nombramiento. Para evitar estos cambios que perjudican la operación de los servicios del Estado, creemos necesario que las contrataciones bajo el SADP sean por un plazo fijo de seis años.
51.- Avanzar hacia un Estado sin papeles al 2025: El vertiginoso avance de las tecnologías de la información no se ha visto reflejado en el accionar del Estado. Aún persiste la lógica de las acciones presenciales en los organismos del Estado. Esto tiene un costo de desplazamiento y tiempo considerables para los ciudadanos y para el propio Estado. Por eso creemos necesario iniciar un plan de eliminación de papeles para el año 2025 que fomente el almacenamiento digital.
52.- Mejorar la calidad de datos públicos y su accesibilidad: En la denominada era del “big data”, el almacenamiento y manejo de millones de datos para la toma de decisiones se ha transformado en un factor clave incluso para el Estado. Sin embargo, en el caso de Chile, poco se ha avanzado en esta materia. Actualmente, la información pública disponible no tiene estándares mínimos de presentación, lo cual dificulta su procesamiento y análisis. Creemos necesario fortalecer el manejo de datos públicos, para de ese modo fortalecer la propia transparencia del Estado.
Cultura
Nuestras prioridades se basan en una visión auténticamente liberal, entendiendo que la cultura es una creación constante y libre de personas y comunidades. Creemos que el Estado debe ejercer el rol de protector del patrimonio y facilitador de los procesos culturales, pero nunca de programador. Más concretamente, el Estado debe facilitar la acción de personas y organizaciones públicas, privadas y del tercer sector, promover y en algunos casos regular las relaciones entre ellas, y delegar la ejecución de programas de interés público en la sociedad civil, siempre y cuando sea posible hacerlo cautelando al mismo tiempo el interés general.
53.- Mejorar los sistemas de financiamiento cultural: El Estado puede optar por subsidios (apoyo no reembolsable) o créditos (apoyo reembolsable) a la hora de apoyar proyectos relacionados con las artes. Ejemplo de la primera alternativa es el actual FONDART. Creemos que este y otros fondos concursables no reembolsables deben ser reformulados de manera tal que generen un impacto significativo en términos de creación artística, calidad y difusión de la misma, evitando al mismo tiempo que esta estructura de financiamiento fomente una relación de dependencia entre los artistas y el Estado.
54.- Crear el Consejo de las Artes: Respecto a la forma como las subvenciones (para artistas e instituciones) son asignadas, proponemos avanzar decididamente hacia un modelo institucional. Proponemos crear en Chile una instancia con estas características, vale decir, que tenga personalidad jurídica propia y reciba transferencias públicas para fines de asignación de recursos. Este Consejo de las Artes debiese estar sustentado en un proyecto ley, de esta manera aumentaría el sentido de justicia e independencia que debe guiar siempre la asignación de fondos públicos y mejoraría tanto la calidad de los proyectos como la eficiencia administrativa de la política pública y se excluiría efectivamente al Estado de las tareas de programación.
55.- Modificar los criterios de asignación de recursos: Con respecto a montos y mecanismos de subvenciones creemos necesarios cuatro cambios al sistema actual que tendrán un impacto significativo en términos de calidad de proyectos y costo administrativo del sistema: (i) montos bajos –máximo 5.000.000 por proyecto, salvo en excepciones calificadas por el mismo Consejo de las Artes-; (ii) sistema de ventanilla abierta (postulaciones permanentes, no en fechas del año determinadas); (iii) filtro previo: no se justifica evaluar una enorme cantidad de proyectos, es necesario realizar una selección anterior que disminuya el gasto fiscal de evaluación y el costo en el que incurren los artistas y creadores para presentar sus proyectos; y (iv) sistema de mediación para proyectos rechazados que estén cerca del punto de corte.
56.- Generar esquemas de apoyo financiero “reembolsables”: en el caso de las disciplinas artísticas que además de ser interesantes en términos culturales, pueden lograr una rentabilidad privada elevada (Cine, por ejemplo): En estos casos, promoveremos por medio de incentivos de distinto tipo, la formación de fondos de inversión cultural y la entrega de apoyo público en forma de créditos. Este esquema ha sido y es actualmente promovido con éxito en una serie de países (casos interesantes incluyen a Dinamarca, Alemania, Australia, España y Argentina), este no solo es más justo sino más eficiente, pues evita que el Estado financie iniciativas que aún en ausencia de apoyo público serían realizadas permitiendo maximizar los recursos públicos destinados a subvencionar iniciativas artísticas.
57.- Incentivar la donación con fines culturales: Proponemos fortalecer la cultura de subvenciones de origen privado, al perfeccionar los incentivos tributarios de las donaciones, revisando los topes y procedimientos con el fin de facilitarlas, y validando la imagen pública de los filántropos como agentes de cambio en materia cultural. Esto es consistente con la visión que tiene nuestro partido respecto al rol que tiene el Estado en cuanto a facilitador y regulador.
58.- Mejorar la institucionalidad de la cultura: Actualmente se discute en el Congreso Nacional un proyecto de creación de un Ministerio de Cultura. Aunque compartimos la idea de reformular la institucionalidad cultural, el proyecto no logra resolver este asunto del todo. Por eso creemos necesario mejorar la institucionalidad existente de la siguiente manera: (I) Incluir entre las funciones del Consejo Nacional de las Artes la Cultura y el Patrimonio el dar seguimiento a la Política de Gobierno con el objetivo de revisar la consistencia entre ésta y la Estrategia Nacional de Cultura actuando como contrapeso del Ministerio de Cultura (en creación); (II) homologar el diseño institucional que ya ha sido adoptado para los sectores del Libro y la Lectura, la Música y el sector Audiovisual y constituir órganos colegiados para las artes escénicas y visuales. (III) revisar la ley orgánica propuesta para la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. Si ya la institucionalidad de 2003 fue ineficaz en minimizar la ocurrencia de problemas de agencia y coordinación respecto a las políticas sobre el patrimonio, sería inexplicable que la nueva estructura mantuviera los mismos problemas.
59.- Fomentar la Educación cultural: La cultura debe incorporarse de manera más decidida en las bases curriculares, tanto en contenidos específicos como transversales, y tanto en horas lectivas como no lectivas. La evidencia indica que la exposición temprana a las artes y otras experiencias culturales estimula el gusto por las mismas, promoviendo así la formación de hábitos de participación cultural (los que a su vez redundan en una mayor creación artística).
La inversión pública en la educación artística es por tanto no solo justa sino también eficiente, al representar un estímulo de la demanda (asistencia) y oferta (creación) artísticas en el futuro.
60.- Aumentar las instancias de participación comunitaria para el cuidado y mejoramiento de espacios públicos: Creemos necesario estimular el voluntariado para gestionar espacios culturales a nivel local. Esta forma de participación ciudadana permitiría no sólo disminuir los recursos orientados a la gestión de los espacios (y de esa manera, para cada nivel de presupuesto, aumentar el alcance de los mismos) sino también aumentar el sentido de apropiación de los mismos por parte de la comunidad. Esta fórmula ha sido destacada recientemente en una evaluación social de la Red de Bibliotecas Públicas y proponemos que sea testeada con programas piloto en la red de museos públicos (DIBAM), el sistema de bibliotecas públicas y la red de centros culturales.
61.- Mejorar la calidad de la Televisión Pública: Se requiere con urgencia que Televisión Nacional de Chile redefina su rumbo y reconozca la necesidad de mejorar la calidad de sus contenidos, arriesgando con nuevos formatos, innovando en tecnología y siendo coherente con los objetivos de informar, educar y entretener.
62.- Modernizar el ordenamiento legal sobre la conservación patrimonial: Las debilidades normativas radican en la antigüedad de leyes y reglamentos. Asimismo, existe duplicidad de fuentes normativas en estas materias, pues algunas están radicadas a nivel municipal y otras ejercen un rol regulador a nivel nacional (por ejemplo, las municipalidades regulan las zonas típicas mientras que la declaratoria de zonas de conservación histórica y monumentos nacionales es competencia del CMN y la Ley de Monumentos Nacionales).
63.- Diseñar un conjunto de instrumentos para evitar que los “rayados” sigan dañando la infraestructura de interés patrimonial: Nos referimos a una actitud de vandalismo, que distinguimos claramente de los llamados graffitis artísticos que también existen y que podrían incluso ser promovidos de manera regulada en determinados lugares. Nuestro partido sostiene que cuando se trata de cuidar lo que es de todos, debe mezclarse la necesaria apuesta de largo plazo representada por la educación y la integración social a nivel de barrio, con sanciones legales (pecuniarias e incluso privativas de libertad).
Innovación
Creemos en la innovación y el emprendimiento. Entendemos que el emprendimiento es una parte fundamental de la actividad económica y del desarrollo de nuestro país. Creemos en un Chile donde todos los emprendedores, sin importar el tamaño de su desafío, tengan las oportunidades, herramientas y el apoyo para realizar sus sueños, pues son la base del desarrollo del país. Queremos potenciar en Chile un clima emprendedor colectivo que favorezca la capacidad de generar valor, incentivando el desarrollo temprano de las ideas, entregando las herramientas básicas desde la etapa escolar, socializando y compartiendo la experiencia emprendedora.
64.- Fomentar la actividad emprendedora en la sociedad: Creemos necesario impulsar la educación Financiera y de emprendimiento en los colegios. Esto permitirá que las nuevas generaciones estén mejor preparadas para enfrentar los desafíos del emprendimiento y generará empatía en quienes no sigan este camino. Además, creemos que es necesario contar con actividades de fomento del emprendimiento en etapas tempranas, tales como concursos de «Líderes Emprendedores » en colegios a nivel regional y nacional.
65.- Simplificar la burocracia (Ventanilla única para el emprendedor): Simplificar el acceso a la serie de instituciones y oficinas estatales de apoyo al emprendimiento, mediante la creación de una ventanilla única que gestione la pertinencia de los distintos programas según las necesidades de cada emprendedor. Esto facilitaría la creación de nuevos emprendimientos con la orientación y subsidios que los distintos proyectos requieran.
66.- Profundizar la simplificación administrativa y contable exigible a pequeñas empresas: debemos entregar herramientas de gestión simples y estandarizadas, desde contratos tipo, gestión de imposiciones, hasta declaraciones de renta simplificadas. Esta propuesta permitirá que los recursos y esfuerzos se destinen al desarrollo de proyectos y no sean desperdiciados en burocracia. De esta manera se facilitará el impulso de proyectos propios de emprendimiento.
67.- Mejorar el acceso a financiamiento y liquidez: Proponemos contar con un fondo nacional de emprendedores que entregue acceso a subsidios y microcréditos, además de apoyo, acompañamiento y capacitación para pequeños emprendedores. También es necesario agilizar los pagos desde el Estado y la empresa privada, para que los plazos sean de 30 días reales.
68.- Fomentar la innovación y el emprendimiento basado en el conocimiento: planteamos fomentar el desarrollo de negocios basados en alta tecnología creada en Universidades (del laboratorio al mercado) y apalancamiento de transferencia tecnológica desde centros generadores de conocimiento a la industria, premiando a iniciativas exitosas. Esto estimularía el desarrollo de centros de investigación y ciencias al interior de Universidades y aseguraría la gestación de proyectos creados en entornos de aprendizaje lo que promueve el emprendimiento responsable.
69.- Insertar a Chile en el mercado global de la innovación: Creemos que es necesario generar campañas de divulgación y capacitación a emprendedores a través de los convenios internacionales, como la Alianza del Pacífico. Además, proponemos contar con una revisión y actualización de este convenio para facilitar y promover el intercambio de servicios profesionales y bienes de valor agregado desde Chile hacia el extranjero.
Multiculturalidad, diversidad y derechos ciudadanos.
Chile ha evolucionado hacia una sociedad de integrantes más individualistas, exigentes, demandantes de prestaciones, pero que muchas veces no está interesada en deberes. Para Ciudadanos, los derechos suponen deberes para su ejercicio. Así, exigir calidad de la gestión política supone participación responsable, reclamar seguridad, calidad de la prestación de los servicios públicos estatales, protección de los derechos fundamentales, etc., impone el cumplimiento de deberes que van desde la participación pacífica y responsable en los eventos masivos de reunión popular, el pago oportuno y completo de los tributos que financian las actividades estatales indelegables en las agrupaciones intermedias, etc.
70.- Mejorar la Constitución: Creemos que Chile no requiere una nueva Constitución sino una mejor Constitución: No debemos partir de cero. Esta es una demanda que sostienen élites académicas que no siempre están en sintonía con los ánimos ni con las urgencias de la sociedad. Lo que creemos es que Chile requiere una MEJOR Constitución, realizando las enmiendas necesarias, algunas de ellas ligadas con su origen, pero de una manera consensuada y a través de la institucionalidad pertinente (parlamento).
71.- Reconocer el carácter inviolable de la dignidad humana: en la Constitución implica, necesariamente, reconocer la diversidad étnica de la nación chilena: Debemos afirmar el carácter unitario y multicultural de nuestra nación que incluye a ciudadanos pertenecientes a los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño, Rapa Nui, Mapuche, entre otros.
72.- Valorar la igualdad: Esto lo entendemos no solo como la proscripción de todo tipo de diferencias arbitrarias, sean fruto de la acción pública o privada, sino que también como un mandato para que el Estado emprenda planes y políticas para erradicar las situaciones que permiten o facilitan la discriminación. Nos debe preocupar y debemos hacer los esfuerzos necesarios para superar la situación estructural de iniquidad que existe entre hombres y mujeres en Chile. Es urgente dar eficacia a los preceptos que reconocen y cautelan la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, imponiendo al legislador la adopción de políticas de acción afirmativa que promuevan eficazmente la igualdad de género.
73.- Garantizar la Libertad religiosa: Creemos que Chile debe reconocer de manera categórica el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y el ejercicio más pleno y libre de todos los cultos, con excepción de aquellos que se opongan al respeto de la dignidad humana, promuevan alguna clase de discriminación o faciliten o sean constitutivos de delitos. El Estado debe asumir su carácter laico y nunca debe privilegiar la acción de una determinada creencia por sobre otra.
74.- Asegurar el Derecho de propiedad: En Ciudadanos consideramos que el Derecho de Propiedad es un Derecho Fundamental que debe recibir protección robusta, tal y como lo hace la Constitución actual. Se trata de una libertad valiosa, esencial para la convivencia armónica de la sociedad chilena. La experiencia histórica demuestra que cuando se ha desprotegido el derecho de propiedad, la convivencia entre los chilenos y su desenvolvimiento económico y social se han vuelto dramáticamente tambaleantes.
75.- Garantizar el Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza: Decimos muy enfáticamente que la educación es un derecho fundamental. Y por eso el Estado tiene el deber de garantizar un sistema gratuito y de calidad para los niveles pre escolar, primario y secundario. Desde el punto de vista de la sociedad, la educación es la práctica social esencial que permite transmitir la información y los valores que, junto con dar identidad a la comunidad, le permitirá a ésta superar los desafíos que le toca enfrentar.
76.- Asegurar el Derecho a la salud: Para Ciudadanos todas las personas deben gozar del derecho a disfrutar del más alto nivel de salud, física y mental. El Estado tiene una responsabilidad preferente en la protección de este derecho por medio de una red y sistema público eficiente y de calidad para todo el territorio del país.
77.- Aumentar los Derechos de los trabajadores: Es indispensable reconocer la importancia que tiene el trabajo para las personas. Su ausencia dificulta la vida en sociedad, resta armonía a sus integrantes, entorpece la integración y aún más, afecta la salud física y mental de quienes están sin trabajo. Por eso creemos que los trabajadores deben tener el derecho a organizarse libremente. La afiliación sindical es un derecho, tanto en cuanto libertad para incorporarse a un sindicato o no hacerlo, como en cuanto a libertad para que los trabajadores puedan conformar sindicatos fuertes y que éstos puedan llevar adelante, sin entorpecimiento, sus tareas propias.
78.- Asegurar el derecho universal a la seguridad social: Sin perjuicio de la libertad del legislador para configurar en concreto el sistema previsional, compromete al Estado a garantizar a todas las personas, a través de la solidaridad, el acceso a pensiones mínimas de vejez e invalidez suficientes para una subsistencia digna, hayan hecho o no contribuciones o ahorros. Corresponde a la ley establecer cobertura para las contingencias de maternidad, enfermedad y cesantía.
79.- Garantizar el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente adecuado y la protección de la Naturaleza: Corresponde a la ley identificar las bases a partir de las cuales se definen los umbrales máximos de contaminación tolerada (normas de emisión y normas de calidad), así como el enunciado de lugares, recursos y especies protegidas. Deben existir acciones judiciales eficaces para tutelar estos derechos. El Estado debe comprometerse a impulsar y apoyar acciones internacionales colectivas que contribuyan a enfrentar los fenómenos globales de deterioro del planeta.
80.- Ampliar los alcances del Recurso o Acción Constitucional de Protección: Este ha sido el instrumento idóneo para reclamar, de urgencia y en modo de tutela, contra actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Fundamental. Su perfeccionamiento, ampliándolo quizá a otros derechos que aquellos actualmente garantizados, podrá ser una meta que justifique ser evaluada.
81.- Robustecer la libertad de expresión: Para esto se debe declarar expresamente que ésta se garantiza tanto por el valor como por su relevancia para el funcionamiento del régimen político. A la vez, en un mundo interconectado, marcado por la intensa penetración de los medios de comunicación y la tecnología digital, debemos prestar atención a la protección de los derechos a la honra y a la vida privada, incorporando el reconocimiento a los derechos a la propia imagen y a la autodeterminación informativa.
82.- Garantizar la Igualdad ante la ley: El orden jurídico debe ser categórico en cuanto a que el reconocimiento de los derechos fundamentales no solo alcanza a los chilenos, sino que a todas las personas que viven en el país, sean nacionales o extranjeros. La Constitución protege a todas las personas en sus derechos y obliga al Estado, a sus órganos y agentes, razón por la que no podrá ser legítima cualquier discriminación que se funde en el origen nacional, la raza, preferencias sexuales o las creencias de las personas. Lo expuesto no obsta a que Chile pueda, como cualquier otro país, establecer requisitos para el ingreso y la residencia de extranjeros.
83.- Aprobar la despenalización del aborto en tres causales: Apoyamos la despenalización del aborto en concordancia con la creencia de la libertad reproductiva de la mujer y su autonomía. Por lo anterior apoyamos el Proyecto de Ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: (I) peligro para la vida de la mujer; (II) inviabilidad fetal; (III) embarazo por violación.
84.- Garantizar la Igualdad de género: Las mujeres en Chile ganan un 31,6% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Peor aún: la participación laboral femenina es casi inexistente en altos cargos públicos, gerencias, mundo académico, etc. En ciudadanos creemos que esta discriminación debe terminar. Como partido apoyaremos todas las instancias donde este proceso pueda revertirse, sea apoyando (o votando) leyes que avancen en temáticas de inequidad de género, participando en paneles sobre el tema y desarrollando una defensa corporativa contra estos problemas.
85.- Fomentar la Educación no sexista: Nos adherimos a las demandas que exigen una educación no sexista para los y las estudiantes chilenos, luchando contra el currículum oculto, la discriminación por géneros, la perpetuación de estereotipos que condicionan el aprender de niños y niñas desde su más temprana formación. En Ciudadanos creemos que para terminar con la iniquidad de género la educación juega un papel principal y es en nuestras aulas donde la formación sexista se potencia, incluso de manera inconsciente.
86.- Mejorar las políticas de Inmigración: Conscientes de los desafíos que la población inmigrante debe sortear al interior de nuestras fronteras, proponemos: (I) crear políticas públicas enfocadas a la integración de extranjeros en todas las áreas posibles, así como también controlar quiénes entran al país de manera más efectiva. Las políticas públicas deben abordar las problemáticas de empleabilidad, acceso a vivienda digna y salud; (II) Modernizar la legislación relacionada con la Inmigración, cautelando el orden público y los intereses generales del país de modo de evitar el contrabando de personas, bienes y especies prohibidas por los tratados internacionales; (III) Potenciar desde la educación pre básica, básica y media el respeto hacia el migrante, enfatizando las diferencias y semejanzas de otras culturas con la nuestra, informando sobre los
efectos positivos que trae la inmigración cuando es llevada a cabo de manera controlada, bien planificada y ejecutada; (IV) Instruir en especial a quienes tratan día a día con inmigrantes, para hacer la comunicación entre Estado y sociedad e inmigrantes, más clara y cercana;
87.- Respetar a los pueblos originarios: Chile debe hacerse cargo de su historia y de su responsabilidad ante los pueblos originarios ante el resto del mundo, para lo que creemos prioritario: (I) Potenciar desde la educación pre básica, básica y media el respeto a los pueblos originarios, sus costumbres e historia, como parte fundamental de nuestra identidad; (II) Profundizar la aplicación del Convenio 169 y avanzar hacia un modo pluricultural de administración de los territorios demandados (III) En cuanto a la integración de estos en asuntos públicos, las cuotas parlamentarias para pueblos originarios podrían ayudar a fomentar el respeto hacia los pueblos originarios; y (IV) finalmente se vuelve necesario un replanteamiento del trato a la violencia en la Región de la Araucanía como un problema meramente delictual, y efectuar modificaciones a la normativa contenida en la Ley antiterrorista, que no garantiza el respeto de ciertas garantías constitucionales, entre ellas: el debido proceso.
Trabajo
Chile enfrenta al menos dos importantes desafíos para alcanzar el desarrollo: el incremento significativo de su productividad (I) y la disminución en los niveles de desigualdad (II). Al observar sociedades que han logrado un equilibrio entre bienestar e integración social, encontramos la combinación de un buen desempeño empresarial que genera crecimiento junto a políticas laborales activas impulsadas por los gobiernos para incorporar a los más desfavorecidos al mundo del trabajo, elementos fundamentales para alcanzar el desarrollo que nuestro país requiere.
88.- Generar políticas públicas responsables: Planteamos la necesidad de apoyar la propuesta de la Comisión Nacional de Productividad para exigir que las leyes y programas de gobierno contengan una evaluación de los efectos sobre la productividad laboral, sin olvidar por supuesto, la consideración de las potenciales consecuencias en la participación laboral y el desempleo estructural.
89.- Fomentar la adaptabilidad laboral: La posibilidad de contar con trabajadores con múltiples capacidades genera eficiencia evidente en los procesos productivos y de generación de servicios. Estos a su vez permiten una mejor utilización de los recursos y generan mayor agilidad y capacidad de respuesta de las empresas frente a los continuos cambios del mercado en un entorno competitivo.
90.- Impulsar la ejecución de buenas prácticas laborales: Creemos necesario contar con una agenda activa impulsada por el Estado para: la certificación, difusión, asesoría e incentivos para la implementación de buenas prácticas laborales que tengan un impacto directo sobre la productividad de los trabajadores chilenos. Hay que recordar que las empresas chilenas logran aproximadamente un tercio de la productividad que sus referentes internacionales en los diferentes sectores de la economía. Esta política debiese estar focalizada en generar las condiciones y los incentivos para la aplicación masiva de este tipo de herramientas en todo tipo de empresas (incluyendo pymes).
91.- Incrementar la capacitación para primeros empleos: Miramos con preocupación los obstáculos que surgen a la hora de insertarse por primera vez en el mundo laboral, por eso creemos pertinente crear programas de capacitación para personas que deseen empezar a trabajar. Estos programas deben ser construidos en base a las necesidades de los empleadores y deben estar dirigidos tanto a hombres y mujeres, sin distinciones de género.
92.- Incentivar que las empresas realicen capacitación continua a sus trabajadores: Esto permitiría contar con una mano de obra más calificada, más productiva y en caso de eventual pérdida de trabajo, que el o la trabajadora tenga mayores posibilidades de empleabilidad.
En este sentido se propone reformar e incrementar el beneficio tributario que otorga la franquicia SENCE, flexibilizando los contenidos y formatos de capacitación incorporando tecnologías que permitan su fiscalización apropiada y cuyo otorgamiento esté asociado a certificaciones de competencias efectivas.
93.- Contar con un sistema de formación de competencias laborales: Este debe considerar tres elementos centrales: la evaluación de las competencias, su capacitación y posteriormente su certificación. Junto a ello se requiere de un adecuado sistema de intermediación laboral que permita la rápida y adecuada inserción laboral y permanencia en el mercado de trabajo, particularmente de quienes han sido postergados: mujeres y jóvenes vulnerables. En cuanto a la evaluación, es necesario reforzar y perfeccionar el trabajo que realizan instituciones como “ChileValora” en el levantamiento de competencias sectoriales para determinadas funciones y cargos.
94.- Generar programas de capacitación del Estado: Creemos que el énfasis de la estrategia nacional de capacitación debe estar orientada a la descentralización de los recursos, a generar programas de largo plazo que logren instalar efectivamente las competencias que los trabajadores requieren y que ello se traduzca en mayor empleabilidad y aumento de ingresos. Los fondos públicos que hoy asigna la franquicia SENCE de manera centralizada podrían redestinarse a organismos especializados dentro del Estado para desarrollar programas de capacitación (en colaboración con los sectores empresariales pertinentes), con las características y el foco que permitan una inserción real de los participantes al mundo laboral o que generen actualización de conocimientos relevantes para los trabajadores participantes.
95.- Reducir jornadas de trabajo: Creemos necesario contar con una jornada de trabajo flexible, reduciendo gradualmente la jornada de trabajo ordinaria actual de 45 horas. Las jornadas deben ser acordadas dentro de la empresa por trabajadores y empleadores. Lo anterior permitiría un mayor nivel de productividad a través de más y mejor capacitación en el mediano plazo, con un mayor nivel de calidad de vida como beneficio adicional.
96.- Impulsar el “contrato especial joven”: Este tipo de acuerdo laboral permitiría una mayor inclusión de los jóvenes al mercado del trabajo formal, donde deben ser incluidas las limitaciones correspondientes para evitar abusos en su aplicación por parte de las empresas.
Para acceder a este tipo de contrato se deberá contar con los requisitos y alcance específico para llegar de manera precisa a los jóvenes que efectivamente requieren apoyo con este tipo de programas.
97.- Crear más y mejores establecimientos para el cuidado de nuestros niños: Chile tiene una de las tasas más bajas de participación laboral femenina. El instrumento más importante para salir adelante y evitar situaciones de vulnerabilidad es incrementar significativamente el número, calidad y ubicación de salas cuna y jardines infantiles. La cobertura de establecimientos que cuiden a los niños y su ubicación geográfica estratégica en relación a domicilio, lugar de trabajo y horarios de funcionamiento son clave como factor habilitador para un mayor acceso de sectores vulnerables a un trabajo digno y estable.
98.- Lograr la Igualdad normativa: Para lograr una efectiva inclusión en el mercado laboral, especialmente de las mujeres, es necesario modificar las regulaciones laborales que permitan que ellas efectivamente promuevan la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en el cuidado de los niños. Aquí se hace particularmente relevante apuntar desde la política pública a un cambio en el concepto de maternidad por el de parentalidad, poniendo el énfasis en que la crianza y cuidado de los niños y niñas es una responsabilidad compartida entre ambos padres o cuidadores legales, según sea el caso.
99.- Coordinar las necesidades del mercado laboral con la Inmigración: Como Ciudadanos se nos ha vuelto necesario reconocer la importancia que reviste la inmigración para nuestro país, debiendo ser el mercado laboral uno de los más importantes factores de integración para los extranjeros a la sociedad chilena. Por esto creemos que se les debe asegurar el acceso a las mismas oportunidades laborales que a los chilenos. Para ello se debe implementar una mayor fiscalización que evite el abuso y se deben desarrollar programas de apoyo adecuados que orienten a la población inmigrante a la hora de buscar trabajo. Además, creemos necesario contar con una nueva institucionalidad de inmigración orientada hacia los sectores productivos que lo requieran.
100.- Terminar con la discriminación laboral: Se ha vuelto necesario dar a conocer el conjunto de prácticas que deben ser evitadas por las empresas para no cometer actos de discriminación arbitraria. Para esto creemos necesario implementar una estrategia de difusión dirigida a empleadores, corporativos y a la población en general, cuyo contenido sea un listado de las conductas que constituyen actos de discriminación arbitraria en consideración al sexo, edad, orientación sexual, nacionalidad, raza o religión, entre otras. Ello podría concretarse incluyendo consideraciones relativas a la diversidad y no discriminación en los Códigos de Ética de empresas, en sus memorias, en las capacitaciones que realizan, entre otras instancias.
101- Crear más empleo: Proponemos revisar los programas para generar empleo, tales como el subsidio al empleo joven, de manera de hacerlos más eficientes y eficaces. Adicionalmente planteamos promover el teletrabajo de manera de otorgar mayor flexibilidad a mujeres y jóvenes que hoy día no cuentan con una fuente de ingreso. Lo anterior también podría impulsarse de manera más decidida instalando un incentivo a aquellas empresas que utilicen de manera relevante al teletrabajo.
102.- Diversificar las fuentes de trabajo: Como partido creemos necesario apoyar las medidas de diversificación sectorial hacia segmentos de mayor valor agregado y la promoción de la exportación de servicios, especialmente aquellos intensivos en capital humano.
103.- Poner el foco en las personas: En Ciudadanos creemos que es prioritario fortalecer el seguro de cesantía y apuntar a una disminución de las indemnizaciones por años de servicio. Con ello se liberaría y flexibilizaría el mercado laboral, permitiendo la movilidad de trabajadores hacia los sectores económicos que demanden más capital humano. A su vez creemos necesario proteger al trabajador (sus ingresos) y no su puesto de trabajo, como ocurre en la actualidad. Ello permitiría eliminar ciertas rigideces que hoy presenta el mercado laboral, las que definitivamente no favorecen el sano dinamismo de una economía globalizada y moderna.
104.- Desarrollar relaciones colaborativas entre la administración de las empresas y sus sindicatos: Proponemos reconocer la importancia de los sindicatos para un mercado laboral maduro y equilibrado. En consecuencia, creemos que es imperativo capacitar a dirigentes sindicales y propender a una relación colaborativa con el empleador para el bienestar de nuestros trabajadores y la defensa de sus derechos.
105.- Impulsar la Transparencia Sindical: Desde el lado de la gestión sindical se deben revisar ciertos elementos para permitir un funcionamiento transparente y a favor de los trabajadores, por lo que proponemos evaluar: (I) los fueros sindicales y penalizar su uso abusivo; (II) transparentar la contabilidad y auditoría de la gestión financiera de las organizaciones sindicales; (III) hacer públicas la bases de afiliados a los sindicatos y sus padrones electorales para evitar sospechas de los trabajadores y así estimular la sindicalización; (IV) limitar el número de períodos en que un dirigente sindical puede ejercer como tal para promover el recambio generacional y evitar la deslegitimación de las dirigencias dando paso a directivas con nuevas ideas y proyectos.
Ciudad Justa.
En materia de urbanismo es necesaria la continuidad en las políticas y planes urbanos, además de consenso y trabajo honesto entre los diversos actores de modo que los resultados no sólo sean adecuados, sino que además oportunos. Ciertamente existirán materias en que se requiere continuidad, otras en que se necesiten enmiendas, y otras que en que deben crearse nuevas formas de intervención de la ciudad, pero no podemos olvidar que deben ser nuestros ciudadanos quienes estén al centro de las políticas de vivienda, asegurando un derecho básico al que todos debemos tener acceso.
106.- Terminar con el déficit habitacional: Creemos necesaria la continuidad del trabajo tanto público como privado para la reducción del déficit habitacional que conforme la encuesta de caracterización socioeconómica Casen 2015 llega a 391.546 viviendas. Este déficit se concentra en los primeros 3 quintiles de ingreso, pero persiste en los 2 quintiles superiores.
107.- Fomentar la Integración social: Es necesario implementar tanto la propuesta que ha elaborado el Consejo Nacional para el Desarrollo Urbano denominada “Política de Suelo para la Integración Social Urbana”, que lamentablemente no ha sido materializada de manera sustantiva por el actual gobierno, como a su vez, implementar nuevos mecanismos que propicien la integración social que permite la creación de barrios y comunidades urbanas que disminuyan el déficit habitacional y reduzcan la segregación.
108.- Generar asistencia social para la mantención de nuestros barrios: La consolidación de un barrio, incluyendo la mantención y mejoramiento de los bienes comunes, requiere de asistencia social. Un barrio que se abandona, donde no se trabaja la cohesión social y la creación de comunidad, es un barrio que pierde valor, lo que resulta ilógico tanto desde la perspectiva de la inversión social como del esfuerzo privado de quienes adquieren una vivienda.
109.- Mejorar ubicación de proyectos de integración social: Las viviendas de las personas más vulnerables de nuestro país no pueden estar relegadas a la periferia de las grandes ciudades. Es necesario que los nuevos polos de vivienda estén más cerca de los lugares de trabajo de sus habitantes, lo que genera mayor integración entre las distintas capas sociales
110.- Fomentar la Conciencia urbana: Conforme a datos de Techo para Chile (2016), si bien los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)han sido efectivos en cuanto a los subsidios para grupos vulnerables, no ocurre lo mismo en la atención a familias que viven en campamentos. Ellos son los más postergados y deben ser parte de las políticas de vivienda más urgentes.
111.- Integrar políticas de desarrollo y transporte: La intervención en los territorios urbanos debe coordinarse con las políticas de accesibilidad y movilidad. Una ciudad justa requiere que todos sus habitantes tengan acceso a bienes urbanos, para lo que es clave vincular las acciones en materia de urbanismo con las acciones vinculadas al transporte.
112.- Descentrar las políticas de transporte: Los problemas de transporte no solo ocurren en Santiago. Por lo tanto, se requiere contar con una propuesta de transporte para las distintas zonas urbanas del país.
113.- Hacer inversiones conscientes con el entorno: Si el Estado realiza inversiones de transporte, debe tener la facultad para modificar los instrumentos de planificación territorial de modo que los sectores aledaños a tales inversiones, tengan un potencial constructivo acorde con el mejoramiento del transporte.
114.- Planificar de manera cohesiva: La planificación de las ciudades no solo debe permitir contar con instrumentos de planificación territoriales –planes reguladores metropolitanos, intercomunales o comunales-, sino que también debe analizarse e implementarse la planificación integrada. Este tipo de planificación incorpora el análisis de los sistemas urbanos y de transporte, pero también considera las tendencias de inversión.
115.- Elegir democráticamente a los Intendentes: Es necesario contar con intendentes elegidos por voto popular y que tengan atribuciones en materia de urbanismo y transporte. La integración de las políticas urbanas y de movilidad requiere la existencia de una autoridad única que pueda adoptar decisiones de inversión, planificación y regulación en general.
Educación.
En el Chile actual nos encontramos con grandes diferencias en la educación, que se inician en la etapa preescolar y persisten durante todo el ciclo educacional. Dichas diferencias son el resultado de un sistema poco equitativo y segregador. Es por esto que se hace necesario darle especial énfasis a la educación en todos los ciclos educativos existentes para romper con este paradigma.
116.- Aumentar las garantías en la primera infancia y mejorar la calidad en la educación inicial: Creemos que es necesario aumentar y garantizar el acceso a la sala cuna y a jardines infantiles en nivel medio mayor de los niños de los tres primeros quintiles. Es prioritario generar oportunidades y medios para aquel sector de la población que no cuenta con los recursos suficientes para acceder a la educación preescolar particular. Además, el gobierno mediante políticas de estado debe preocuparse de este ciclo educativo y debe garantizar el derecho de todos y todas las menores residentes en Chile a recibir una educación de calidad, poniendo especial énfasis en la infraestructura, personal y materiales necesarios para los jardines infantiles y salas cuna. A la vez, consideramos necesaria la construcción de un nuevo curriculum educativo de carácter nacional para estos niveles.
117.- Reconocer y fomentar el perfeccionamiento de las educadoras de párvulos: Hoy las educadoras de párvulos tienen remuneraciones muy bajas que no corresponden a la importante tarea que realizan. Creemos que es importante aumentar sus sueldos, lo que además fomentará que más personas opten por estudiar esta carrera. Además, creemos que deben recibir capacitación constante.
118.- Garantizar liceos técnicos de calidad: Un tercio de nuestros jóvenes, muchos de ellos de familias modestas, asisten a liceos técnicos. Es indispensable modernizar su infraestructura, mejorar su cuerpo docente y alinear sus contenidos con la malla de la educación técnica superior, de esta manera los jóvenes podrán perfeccionarse sin tener que partir de cero al entrar a un CFT o IP como ocurre actualmente. A su vez, debemos acercar la educación técnica a las necesidades de las empresas. Los liceos técnicos deberían tener programas permanentes de colaboración con potenciales empleadores, y publicar indicadores de empleabilidad y desempeño en el mercado laboral de sus egresados.
119.- Mejorar y ampliar los instrumentos de evaluación: Hoy el SIMCE evalúa un número limitado de disciplinas y la señal que envía es que son solo esas las disciplinas relevantes. Se debe avanzar hacia un sistema de evaluación que incluya otras disciplinas y habilidades que son más difíciles de evaluar a través de pruebas estandarizadas. Este movimiento debe estar alineado con los cambios en la selección universitaria para que tengan efecto.
120.- Promover la integración social en liceos de excelencia: La segregación que se ha generado en el sistema educacional, junto con la baja calidad de la enseñanza en la educación municipal, reduce las posibilidades de que los alumnos de estos colegios tengan acceso a los liceos de excelencia. Por ello proponemos aumentar la cantidad de liceos de excelencia a lo largo de todo el país.
121.- Reformar el sistema de admisión universitaria: Un buen sistema de admisión a la educación superior debe estar basado en dos principios: mérito y equidad. El sistema actual no cumple con ninguno de los dos criterios. Proponemos ampliar los instrumentos utilizados para la admisión a la educación superior con el fin de premiar el esfuerzo de los estudiantes más vulnerables. Incorporar herramientas que midan el desempeño relativo como el ranking de notas es una idea bien encaminada, pero es un mecanismo perfectible.
122.- Potenciar la Educación Pública: Proponemos la competencia por fondos de desempeño entre instituciones. Aquí se debe evaluar su pertenencia al sistema de gratuidad como un elemento más que llegue a ponderarse entre otros factores relacionados a la calidad, los que incluyen la vinculación con el medio, la participación democrática estudiantil, y la fortaleza del proyecto institucional.
123.- Garantizar la existencia de asociaciones estudiantiles: Entendiendo y respetando la autonomía de cada proyecto educativo creemos en el avance y promoción democrática de las organizaciones estudiantiles y funcionarias, al observar su incidencia a nivel de gobernanza estudiantil y académica. Creemos que este elemento es un mínimo que debiese incentivarse en todo el sistema y no solo en el plano estatal.
124.- Integración social: Creemos que la inclusión de estudiantes en situación de vulnerabilidad es un deber de todas las instituciones de educación superior (IES) sean estatales o privadas. Es parte de un compromiso con el progreso del país y el rol social que debe cumplir cada institución. Por eso creemos que es fundamental que el Estado promueva la inclusión social en todas las instituciones y no solo en IES Estatales.
125.- Modificar metodologías de financiamiento de la educación superior: Proponemos evaluar la existencia del Crédito con Aval del Estado (CAE), así como también las vías alternativas que puedan implementarse con miras a disminuir el endeudamiento estudiantil. Además, proponemos la ampliación en la cobertura del crédito más allá de IES pertenecientes al CRUCH.
